El gobernador de Alicante dice que la concesión de administraciones de lotería es provisional

, La adjudicación de administraciones de lotería tiene carácter provisional, hasta tanto no transcurra el período de impugnación y de aportación de documentación de los seleccionados en un principio, según señala una nota oficial difundida ayer por el Gobierno Civil de Alicante en torna a las posibles irregularidades en la concesión de 19 administraciones de esta provincia a personas vinculadas al PSOE o a sus familiares. El gobernador, Octavio Cabezas, ha declinado realizar declaraciones y se ha remitido a la nota oficial redactada por los servicios jurídicos del gobierno civil, que no aborda el fondo de la cuestión.

La nota, en la que se insiste en el carácter provisional de las concesiones, recuerda que el período de impugnaciones y de aportación de documentación por los seleccionados es de tres meses. Posteriormente se efectuará la designación definitiva por el Patronato para la Provisión de Administraciones de Loterías del Ministerio de Hacienda. "Este Gobierno Civil", asegura la nota, "considera que la existencia de estos recursos es la mejor garantía para que los peticionarios que se consideren perjudicados defiendan sus intereses".Según ha podido saber EL PAÍS en fuentes oficiales, un total de 998 personas solicitaron la concesión de alguna de las 72 administraciones de lotería sacadas a concurso el 29 de julio del pasado año en la provincia de Alicante. Algunas pedían varias administraciones y en varias poblaciones menores el concurso ha quedado desierto al no concurrir licitante alguno. Los criterios seguidos por la comisión asesora provincial, que preside el gobernador civil y de la que forman parte el delegado de Hacienda y varios funcionarios públicos, han sido los fijados en la convocatoria del concurso, "teniéndose en cuenta", asegura

la nota, "el conjunto de la personalidad y condiciones de los concursantes, ubicación y características del local con el que se ha concursado".

Dos concejales socialistas

Por otra parte, se señala en la nota de Gobierno Civil que, tanto las condiciones personales de los adjudicatarios provisionales, como sus posibles incompatibilidades, deben resolverse definitivamente en el período de aportación de documentación, para lo que se tienen tres meses, y entonces "deberá producirse la renuncia o caducidad de las designaciones no ajustadas a estas normas". Éste sería el caso de las concedidas en las poblaciones de Dolores y Redován, dado que se exige que los concesionarios estén inscritos en el censo municipal y sean ellos mismos quienes regenten la administración. En Dolores, localidad de unos 7.000 habitantes, ha sido adjudicada a Josefina García García, concejala socialista en el Ayuntamiento de Callosa de Segura, mientras que en Redován, localidad de unos 5.000 habitantes, también en la comarca de la Vega Baja, el agraciado ha sido el concejal socialista de Orihuela, José Antonio Peñalver Bas.

Según el informe jurídico del Gobierno Civil, las normas por las que se ha regido este concurso "no excluyen la posibilidad de que un concejal pueda ser titular de una administración de lotería", aunque se hace la salvedad de la posible vigencia de la Instrucción General de Loteras de 23 de marzo de 1956, que veta esta posibilidad para el caso de poblaciones de más de 40.000 habitantes. La nota reitera, por otra parte, el compromiso de establecer residencia en la localidad donde esté ubicada la administración de lotería y la necesidad de dirigirla de forma directa por parte del titular definitivo.

12 recursos

Por el momento sólo se han presentado unos 12 recursos ante la Delegación de Hacienda por aspirantes que consideran lesionados sus legítimos intereses. No obstante, en Elche se tramitan en estos momentos más recursos, concretamente en el bufete del abogado Manuel Ortuño, expresidente local de Alianza Popular, uno de los candidatos al Congreso de los Diputados afectado por la crisis de su partido en la provincia.

El secretario provincial de la Unión General de Trabajadores, y senador socialista por Alicante, Ángel Franco, ha pedido públicamente que se investigue al fondo la cuestión y que se pidan responsabilidades a quien proceda.

El secretariado de Comisiones Obreras de Alicante pidió ayer en una nota la dimisión del gobernador civil, Octavio Cabezas, por considerarle responsable de las adjudicaciones efectuadas.

Por su parte, la vocal de la ejecutiva federal del PSOE Carmen García Bloise manifestó ayer en Valencia que la dirección socialista valenciana había comenzado a investigar el asunto y había encargado al secretario de organización, Alberto Pérez Ferré, que recabara toda la información posible, "No obstante", señaló García Bloise, "las acusaciones no están probadas y los socialistas no estamos dispuestos a que se nos condene por anticipado. Es un problema surgido en una Administración gobernada por los socialistas y el partido estará vigilante. Si las cosas se han hecho mal, pediremos responsabilidades".

Niegan implicaciones

Ayer, algunos de los presuntamente implicados en el caso según las informaciones de Prensa, salían al paso de ello. Así, el alcalde de Alcoy, el socialista José Sanas Tormo, negó rotundamente que haya intervenido en la concesión de una administración a Emilio Cano Sellés, esposa de un primo suyo, Enrique Luis Sanas Abad. Este último ha sido durante casi 30 años el depositario de timbres del Estado en Alcoy, así como el responsable de la delegación comarcal de Tabacalera Española S.A., que fue cerrada hace ahora un año.

"Una hermana mía", añadió el alcalde de Alcoy, "que tiene dos hijos y su marido en el paro también había solicitado la administración y se la han denegado. Nadie en la ciudad duda de la profesionalidad, experiencia y sentido comercial de Emilio Cano y su esposo, por lo que considero de muy mal talante pretender involucrarnos en algo a lo que somos ajenos".