Reagan, el gendarme universal
LA NOTICIA del envío de soldados y helicópteros estadounidenses a Bolivia para reforzar la persecución de las instalaciones ilegales dedicadas a la producción de cocaína no puede por menos que causar inquietud. No se trata de examinar la mayor o menor eficacia de esas tropas para el objetivo concreto de ácabar con el narcotráfico; experiencias anteriores no son nada concluyentes. En todo caso, es probable qué una operación que debía permanecer secreta ha sido conocida a causa de determinadas filtraciones. Se pone así al descubierto que EE UU utiliza elementos de sus fuerzas armadas sin tener para nada en cuenta las normas de las relaciones entre Estados soberanos. Al mismo tiempo, sehan dado a conocer proyectos de la Administración Reagan enfilados a una utilización muy extendida de unidades militares para perseguir la producción de drogas; se estudia concretamente un plan de 400 millones de dólares destinados a este fin.No es posible prescindir, ante la noticia de la llegada de unidades militares a Bolivia, del contexto en el que estos hechos tienen lugar. Si EE UU hubiese aplicado escrupulosamente las normas del derecho internacional en cuanto al envío de sus tropas a países extranjeros, es probable que la reacción ante lo de Bolivia sería distinta. Pero no se puede olvidar que la aviación norteamericana ha bombardeado Libia en fecha reciente; el Ejército de EE UU tiene establecidas bases en Honduras para apoyar a la contra nicáragüense, financiada y dirigida desde Washington, y existe el temor de que EE UU- envíe tropas para atacar al Gobierno de Managua. En todos estos casos EE UU ha actuado de modo unilateral, desconociendo la Carta de las Naciones Unidas. El Tribunal Internacional de La Haya ha condenado su actuación en relación con Nicaragua.
Tal es el marco en el que salta la noticia de la llegada de soldados y helicópteros de EE UU a Bolivia para la lucha Contra el narcotráfico. Hasta ahora, aparte de las fuentes de Washington, la confirmación ha sido dada, no por órganos oficiales bolivianos, sino por la Embajada de EE UU en La Paz. Según las declaraciones hechas por el presidente del Congreso boliviano, Gastón Encinas, la llegada de los militares norteamericanos se ha producido violando la Constitución del país. Ésta requiere la aprobación previa del Congreso para que puedan entrar tropas extranjeras en el territorio nacional; tal autorización no ha sido concedida, ya que nada se sabía al respecto y el tema ni siquiera ha sido tratado. Cabe suponer que la operación debía desarrollarse de modo secreto y prescindiendo de toda legalidad.
El texto de la orden secreta del presidente Reagan, aprobada hace tres meses y que ha sido la base legal para el envío de tropas a Bolivia, es sumamente significativo: Reagan califica el narcotráfico como un peligro para la "seguridad nacional" a causa de su "capacidad de desestabilizar a los aliados democráticos a través de la corrupción de las instituciones políticas y judiciales"; por tanto, ese peligro para la seguridad nacional puede requerir una intervención del Ejército. El concepto de seguridad nacional alcanza una extensión casi sin fronteras. Hoy se considera que la droga tiene "capacidad de desestabilizar", pero mañana se podrá atribuir esa misma capacidad a otros factores, no sólo de corrupción, sino más directamente políticos. Por ejemplo, unas elecciones ganadas por los malos. Y al surgir una capacidad de desestabilizar, se justificaría la intervención militar. Reagan parece querer convertir a EE UU en una especie de gendarme universal con derecho a decidir por su cuenta el envío de aviones, helicópteros, tropas, a un país que albergue factores desestabilizadores. Algunos congresistas han planteado ya la conveniencia de que EE UU realice operaciones similares a la de Bolivia en Tailandia y en México. Esta mentalidad, que se afianza cada vez más en Washington, pone en entredicho el principio mismo de la soberanía de los Estados, vulnera el derecho internacional, consagra el uso de la fuerza como método de relación entre los países y subvierte los valores más preciados de la tradición norteamericana de respeto a la ley y a la libertad.
La lucha contra el tráfico de drogas otorga a la operación iniciada en Bolivia una imagen externa que puede suscitar simpatías en capas relativamente amplias. Pero no es posible callar sus efectos negativos: entre otros, puede ser una forma de ir acostumbrando al público norteamericano a considerar normal el envío de sus tropas atal o cual país extranjero, y especialmente de América Latina. Un método peculiar para intentar borrar el síndrome de Vietnam, que sigue dificultando que sectores de la Opinión de EE UU aprueben la política exterior de la Administración Reagan. Por lo dernás, conviene insistir en que el narcotráfico no es un problema exclusivo de los países productores, sino también de los consumidores, y prioritariamente de Estados Unidos. Algunos de los esfuerzos que el presidente Reagan desarrolla en la lucha contra los traficantes deberían volcarse más decididamente en la persecución de la Mafia y en la desarticulación de las redes de distribución internas de la droga, controladas por norteamericanos.
