Aliancistas y comunistas piden que se procese a los policías que espiaron a los partidos

Alberto Ruiz Gallardón y José Luis Núñez, abogados de AP y del PCE, respectivamente, señalaron ayer, durante la vista de los recursos contra el archivo de la causa por el espionaje policial a los partidos, que deben ser procesados los policías cuya participación en dicha actividad fue probada durante la instrucción del sumario. A la vista no acudió ningún representante del PDP, a pesar de que este partido también presentó un recurso de apelación contra el auto de archivo.

La vista se celebró ante la sala quinta de la Audiencia Provincial de Madrid. Dichos abogados solicitaron reabrir el sumario, pero Alfonso Monge Molina, letrado de la Dirección de la Policía, pidió, como el fiscal, el archivo definitivo de la causa para Monge Molina, no hay indicios de criminalidad, ya que los hechos denunciados por los partidos no están recogidos en texto alguno de la legislación española. El abogado de la policía dijo que no puede confundirse las relaciones de amistad que algún policía haya tenido con miembros de partidos con lo que "espectacular e indebidamente", en palabras del letrado, se ha denominado "espionaje policial".Por el contrario, José Luis Núñez, por el PCE, señaló que la admisión de su querella en noviembre de 1985 fue paralela a la decisión del juez instructor, José María Vázquez Honrubia, de archivar la causa, por lo que no se efectuaron las pruebas que propuso el partido, entre las que figuraban la de investigar el origen de un amplio documento policial sobre la crisis del PCE incluido en el sumario abierto al inspector Juan José Medina por supuesta infidelidad en la custodia de documentos.

Núñez también insistió en su petición, ya formulada ante Vázquez Honrubia, de que se intervengan los archivos de la Brigada de Información Interior, para comprobar si en los mismos, como se demostró en el caso de AP, existen documentos policiales sobre el PCE. Al no haberse practicado estas pruebas, el representante legal comunista entiende que se ha producido un caso de indefensión, por no respetarse el artículo 24.1 de la Constitución, que garantiza la tutela efectiva de los tribunales. Núñez ya ha anunciado que, de no prosperar su recurso, apelará al Tribunal Constitucional.

Hecho acreditado

Ruiz Gallardón consideró "hecho acreditado" como ya lo señaló el propio juez instructor, que en la policía había personas dedicadas a obtener información sobre las actividades de los partidos y que había que buscar responsabilidades. En este sentido, señaló que, aunque el Tribunal Supremo no encontró responsabilidad, en tres altos cargos -Alfonso Guerra, José Barrionuevo y el diputado Eduardo Martín Toval-, eso no significa que no hubiera otros responsables. También indicó que "no puede ser patente de corso" el hecho de que quienes hayan observado una conducta presuntamente delictiva desarrollen una actividad política.Los abogados del PCE y de AP afirmaron que el caso del espionaje a los partidos se había tratado en el ámbito político, pero que ahora se trata de investigar judicialmente unos hechos concretos sobre los que ya existen algunas pruebas en el propio sumario de la causa. Ruiz Gallardón aseguró que, si son procesados algunos policías y éstos responsabilizan de los hechos a sus superiores jerárquicos, él se compromete a retirar toda querella contra los agentes y a mantener la acusación contra los superiores. Núñez se mostró contrario a esa posibilidad y afirmó que los funcionarios policiales también tienen una clara responsabilidad penal en este caso.

En mayo del pasado año, AP interpuso una querella criminal contra las personas que realizaban informes internos sobre el partido y que incluso sacaban documentos privados que llegaron a manos del PSOE. El juez instructor, Vázquez Honrubia, interrogó a policías, al comisario general de Información, al ministro del Interior, al vicepresidente del Gobierno y a otros altos cargos. Igualmente, intervino en la Brigada de Información Interior 180 informes sobre Alianza Popular.

Al presumir presuntas responsabílidades de Barrionuevo, Guerra y Martín Toval, envió el caso al Tribunal Supremo, que respondió que no observaba indicios de delito en esas personas, por lo que el juez decidió archivar la causa. En el auto correspondiente, el juez aseguraba que había policías dedicados a la información de partidos políticos, pero que, a la vista del auto del Supremo, esa actividad no es ilícita.

La sala quinta de la Audiencia Provincial decidirá en los próximos días si fue acertada la decisión de José María Vázquez Honrubia de archivar la causa o si se reabre el sumario. Ruíz Gallardón y Núñez se inclinan por esta segunda opción. Para Núñez, la causa del espionaje a los partidos es "una oportunidad inequívoca" para que el poder judicial "sitúe en su lugar" a la policía.