Empresarios canarios, se oponen al impuesto sobre combustibles del Gobierno autónomo

Los empresarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se oponen al impuesto sobre los combustibles derivados del petróleo anunciado por el Gobierno autónomo y exigen que el proyecto de ley para su aplicación sea retirado del Parlamento regional, donde estaba previsto que fuera aprobado ayer.Los representantes de la patronal tinerfeña abandonaron la comisión asesora del Gobierno sobre combustibles, en señal de protesta por la inminente reducción de los precios de los carburantes en el archipiélago, que consideran insuficiente. Según indicó el director general de Política Energética de la Consejería de Industria y Energía, José Miguel Veza, la gasolina experimentará un recorte en su precio de alrededor de cinco pesetas y también bajará el de otros productos derivados. La medida, que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, podrá entrar en vigor el 1 de agosto.

Se trata de la tercera reducción en siete meses promovida por el Ejecutivo autónomo, que preside el socialista Jerónimo Saavedra, con el fin de compensar el superávit de la Compañía Española de Petróleos, SA (CEPSA) en su recaudación por este concepto. El excedente actual, correspondiente a los últimos seis meses, está cifrado en 9.000 millones de pesetas, según señaló Veza.

Al estar Canarias fuera del área del monopolio, las diferencias favorables producidas por la oscilación del precio del barril de crudo y de la cotización del dólar pasan a engrosar una cuenta especial en CEPSA, que es regularizada por la vía de nuevos precios a la baja.

En opinión de los empresarios, los precios de los combustibles están sobredimensionados en las islas y su disminución ha de ser mayor a la propuesta por Ias autoridades canarias. En este contexto se recuerda que el precio del crudo del mar del Norte registra mínimos históricos, al situarse por debajo de los nueve dólares por barril, que podrían reducirse aún más en los próximos días. En opinión de los expertos, a corto plazo se prevé que el precio baje hasta los ocho dólares, salvo que la OPEP consiga ponerse de acuerdo sobre la implantación de cuotas.

La oposición de los empresarios a los precios sobre los combustibles, con el cual el Gobierno aspira a absorber el citado superávit de CEPSA, se basa en su creencia de que éste vulnera "la tradicional exención tributaria de los carburantes en Canarias" y contraviene el Régimen Económico y Fiscal (REF), propio de la región.

El Gobierno canario no comparte este punto de vista y califica de necesario dicho gravamen, el primero que implanta el Ejecutivo autónomo, para contener el citado exceso de recaudación hasta una próxima liberalización de los precios de los combustibles en el archipiélago.