Un confidente acusa a guardias civiles de tráfico de drogas

El supuesto confidente de la Guardia Civil José Burgos Martínez, detenido el pasado 21 de junio en la Costa del Sol (Málaga) cuando portaba 90 kilos de hachís, introducidos en España a través de un chalé propiedad del capitán de este cuerpo Luis Ruiz Ruiz, ha declarado al Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola que miembros de los grupos de estupefacientes de la Guardia Civil de Tarifa y Sevilla están supuestamente implicados en el tráfico de drogas, según fuentes próximas a la investigación judicial. Por su parte, la Guardia Civil mantiene absoluto silencio sobre estas acusaciones.

El supuesto confidente de la Guardia Civil José Burgos Martínez, que había alquilado el chalé propiedad del capitán de la Guardia Civil Luis Ruiz sin ningún contrato en regla, introdujo 600 kilos de hachís, que fueron desembarcados frente a la mencionada finca de la urbanización Marbesa (Marbella).

Según fuentes próximas a la investigación, la policía estaba controlando el desembarco del alijo, pero por problemas técnicos y de comunicaciones perdió la pista a un vehículo que había sido cargado con más de 300 kilos de esa droga. Posteriormente detuvo a José Burgos al salir del citado chalé con 90 kilos de hachís, y la operación culminó con la detención de otro español más, dos británicos y seis marroquíes.

El citado José Burgos era el presunto responsable de la introducción de la droga en España, que procedía de Marruecos y es propiedad de un conocido traficante de ese país al que apodan El Rubio. Sin embargo, la policía de Málaga se encontró con una importante sorpresa cuando José Burgos amenazó a sus interrogadores con acusar a todos los miembros de la Guardia Civil que, según él, participaban en las operaciones de tráfico de drogas, por las que éste recibía una parte del dinero obtenido o de la droga que era intervenida.

Amenazas

José Burgos, asistido por la abogada de oficio Araceli Barco Jurado, no sólo amenazó con declarar todas las operaciones de tráfico de drogas en las que habían participado supuestamente miembros de la Guardia Civil, sino que se ofreció como colaborador de la policía para facilitarles algunas intervenciones de drogas, según fuentes policiales. Tales afirmaciones han sido negadas por el comisario jefe de Málaga, quien ha añadido que no tiene constancia de que José Burgos fuera confidente de la Guardia Civil.Por motivos no suficientemente aclarados, las acusaciones de José Burgos contra determinados miembros de la Guardia Civil de Tarifa y Sevilla no aparecen en las diligencias policiales enviadas a la juez que instruye el caso en Fuengirola. Sin embargo, según fuentes próximas al juzgado, José Burgos, en tres declaraciones a la juez, ha revelado caso a caso las operaciones de tráfico de drogas en que supuestamente han participado miembros de la Guardia Civil, facilitando nombres y apellidos de cada uno de los presuntos implicados.

El caso, por otra parte, está tratando de ser ocultado a la opinión pública por los responsables oficiales con argumentos tópicos. El gobernador civil de Málaga, Plácido Conde Estévez, afirma que "la policía no investiga al capitán de la Guardia Civil Luis Ruiz porque no hay datos objetivos para que sea investigado" y porque no es suficiente motivo como para indagarlo que sea el propietario del chalé que utilizó José Burgos para desembarcar supuestamente la droga.

En los mismos términos se expresa el comisario de Málaga, y ambos no responden claramente a las preguntas de este periódico sobre si no es extraño como para iniciar una amplia investigación que un supuesto confidente de la Guardia Civil y traficante de drogas alquile un chalé sin contrato al capitán de la Guardia Civil que durante un tiempo fue responsable de un grupo de estupefacientes de este cuerpo en Málaga y le implique públicamente en oscuros casos de drogas.

El gobernador civil y el comisario tampoco consideran irregular que sea exclusivamente la Guardia Civil la que investigue las supuestas implicaciones de uno de sus funcionarios y la policía se aparte del caso porque afecta sólo a este instituto armado.

Ambos también afirman desconocer si está siendo investigada la actividad económica del capitán Ruiz y ocultan, con el argumento de que el expediente está en trámite, de dónde salieron las 600.000 pesetas que utilizó el subcomisario Teófilo Martín Cañete, suspendido de sus funciones, para pagar la fianza a dos de los implicados en este caso.

La Dirección General de la Policía abrió expediente disciplinario al subcomisario nada más tener conocimiento de los hechos y, una vez que el expediente esté finalizado, los responsables del cuerpo decidirán sobre el caso, que puede acarrear una sanción disciplinaria y el traslado del asunto a las autoridades judiciales si se considera que existen responsabilidades penales del policía.

Oscura investigación

La Guardia Civil, por su parte, ha iniciado una investigación sobre el caso del capitán Luis Ruiz, quien permanece destinado en la comandancia de Tarifa y aún sigue en activo, sin que los responsables del instituto armado hayan tomado ninguna medida precautoria sobre el oficial.También se desconoce si los responsables del instituto armado investigan las supuestas implicaciones de determinados miembros destinados en Sevilla y Tarifa que, según las acusaciones del confidente, han participado en varias operaciones de tráfico de drogas en la Costa del Sol.

Todos los responsables oficiales eluden cualquier pregunta sobre el caso y la juez que instruye el sumario en Fuengirola no puede ocultar su nerviosismo cuando se le pregunta sobre las declaraciones del supuesto confidente de la Guardia Civil. Según ella, "es un caso más y además existe el secreto sumarial". Es un caso rodeado oficialmente de secretos sumariales e investigaciones administrativas.