Las acusaciones de maquinación en Banca Catalana afectan a Pujol y a otros ocho ex directivos
Nueve ex directivos de Banca Catalana, entre los que se halla el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, están supuestamente implicados en el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. A 14 de los 17 cuyo procesamiento han solicitado los fiscales se les acusa además de un delito continuado de apropiación y a todos ellos también se les imputa un tercer delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
Estas acusaciones, realizadas por el ministerio fiscal y contenidas en la petición de procesamiento presentada el pasado día 30 de junio, quedaron ayer desveladas en el auto redactado por el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, celebrado el pasado 8 de julio para examinar el documento del ministerio público. La petición de procesamiento contra los ex directivos de Banca Catalana, las razones que sustentan esta petición, así como otros aspectos relativos al caso están detallados en los 429 folios, que se mantienen en secreto. Este documento, sólo es conocido por los fiscales, por el fiscal general del Estado, por el presidente de la Audiencia Territorial y por el ponente de la causa. Antes de que finalice el mes de julio los magistrados y los defensores de los implicados tendrán la copia de esta documentación, según se acordó en el citado pleno.El ministerio fiscal añadió como apéndices, en el documento de solicitud de procesamiento, una serie de peticiones reclamando que se investigaran dos bancos, el comportamiento fiscal de los querellados y el cobro de extratipos en un juzgado de la provincia de Barcelona. El juez instructor, por orden del pleno, deberá trasladar estas peticiones a los órganos competentes.
En el auto del pleno de la Audiencia Territorial, firmado por 40 magistrados, se acuerda trasladar a la Administración la petición de los fiscales para que se averigüe el comportamiento fiscal de los querellados. Se plantea la posibilidad de que los acusados habrían podido cometer un cuarto delito fiscal a raíz de la creación y el mantenimiento de la caja B, con la que se eludieron los controles tributarios del Estado.
El pleno de la Audiencia Territorial ordena también que se requiera a la jurisdicción competente para que se abran dos causas criminales contra los ex directivos del Banco de Alicante y el Banco de Crédito e Inversiones, que formaban parte del grupo de Banca Catalana. El ministerio público pidió la investigación de los dos bancos haciéndose eco de una memoria de 1983 del Fondo de Garantía de Depósitos en la que se señalaba que las dos entidades habían entrado en crisis "como resultado de los gravísimos quebrantos aparecidos en sus activos, por prácticas contrarias a la buena administración".
El pleno de la Audiencia Territorial ha acordado también informar al Consejo General del Poder Judicial sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que cobró más de tres millones de pesetas en concepto de extratipos.
El auto del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, que tiene una extensión de siete folios, recoge, asimismo, otros acuerdos de carácter procesal, relativos a la declaración del nuevo imputado, Jaume Pujol Garriga, y a las peticiones presentadas por algunos querellados en las que reclaman conocer la documentación aportada por los fiscales.
El auto del pleno de la Audiencia fue comunicado ayer a las 14.30 horas a los abogados de los implicados y a los fiscales. El auto puede ser recurrido por cualquiera de los interesados, dentro de los próximos cinco días.
