El Gobierno regional, dispuesto a frenar el caos urbanístico en las Lagunas de Ruidera

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha está dispuesto a continuar con su postura "enérgica" para frenar el deterioro y el caos urbanístico que se registra en el parque natural de las Lagunas de Ruidera, enclave natural de La Mancha, de unas 4.000 hectáreas, situado entre los límites de las provincias de Ciudad Real y Albacete. "No se puede permitir que se infrinja la ley impunemente", ha manifestado el consejero de política territorial, Gregorio Sanz.

Pero las irregularidades urbanísticas de las Lagunas de Ruidera, donde gran parte de sus 500 edificaciones se han levantado contra la ley, no es la única anomalía que se registra en la zona. Once de las 15 lagunas que conforman el parque natural son de titularidad privada, a pesar de que sus aguas son parte del río Guadiana.

Ya el pasado mes de abril las Cortes regionales -con 23 diputados socialistas y 21 del Grupo Popular- -se pronunciaron por la desprivatización y el dominio público de sus cauces y de su entorno.

Las Lagunas de Ruidera son una de las más importantes zonas húmedas de la región, con gran valor ecológico por ser refugio de aves acuáticas como el ánade real, la focha común o el pato colorado.

El ejecutivo castellano-manchego está a la espera de que la abogacía del Estado se pronuncie sobre si las aguas de estas lagunas son o no públicas. La privatización de las 11 lagunas se debe a la ley O'Donnell, de 1855, que permitió la pública subasta de éstas y de su entorno.

En las márgenes de las lagunas existen numerosos edificios, sobre los que se actuará, según el consejero, conforme dicten las normas de planeamiento de los municipios afectados: Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y Ossa de Montiel (Albacete).

11 expedientes en curso

El Gobierno autónomo tiene en curso 11 expedientes en distintas fases de tramitación contra propietarios de edificaciones ilegales. Ayer se concluyó la demolición de uno de los dos inmuebles afectados por las órdenes de derribo dictadas por la Consejería de Política Territorial. Sendas construcciones infringían el reglamento de disciplina urbanística y el general de carreteras y caminos.A los propietarios de los edificios, uno de ellos de uso industrial, Miguel Vitoria y José Ramírez, se les han impuesto además sanciones de 161.462 pesetas y de 180.996, respectivamente. Familiares y amigos de Ramírez se encerraron el lunes en el edificio para evitar su demolición, siendo desalojados por la Guardia Civil.