El Estado pretende cobrar a Tabacalera por sus fábricas y edificios casi 15.000 millones de pesetas
Entre el Estado y los accionistas privados de Tabacalera han surgido discrepancias que demoran la gran ampliación de capital preparada por esta empresa desde hace un año. La Administración ha valorado los bienes del monopolio de tabacos, que serán adquiridos por dicha sociedad, en unos 15.000 millones de pesetas, el triple de lo que se esperaba en principio. Pero los representantes de los mayores accionistas privados se han negado a aceptar dicha valoración. El desacuerdo, según han revelado fuentes informadas, impidió nevar a la reciente junta de accionistas una solución que en principio estaba prevista para febrero o marzo.
Por las restricciones de la Comunidad Europea (CE) al monopolio de tabacos, el Gobierno decidió a finales de mayo de 1985 que todas las fábricas, edificios y demás bienes del mismo deberían pasar a Tabacalera con efectos desde el 1 de enero pasado. La empresa, que cumple este año su 350º aniversario, carece de la propiedad de tales bienes, aunque ha financiado las inversiones para construirlos o ponerlos en funcionamiento. A cambio, tiene derecho de reversión sobre las inversiones no amortizadas. Es decir, la propiedad neta del Estado se limita a una cantidad muy inferior al patrimonio total, a la diferencia entre el valor de los bienes y de los derechos de reversión por las inversiones no amortizadas.Por ello, después de descartar algunos proyectos que pretendían apoyarse en la exigencia comunitaria para estatalizar Tabacalera, el Gobierno socialista renunció también a recibir dinero por los activos del monopolio estatal de tabacos. El Consejo de Ministros decidió entregar a Tabacalera, SA, las fábricas, edificios y existencias en almacén, de forma que no alterara la composición del accionariado: 53% del Estado y 47% repartido en 11.000 accionistas, entre ellos el Banco de España (por entonces tenía un 6%), la Caja de Pensiones (otro tanto) y media docena de grupos bancarios que poseían el 3% o 4% (Urquijo, Banesto, Central, March, etcétera).
La fórmula respaldada por el Gabinete consistía en aportar a una ampliación de capital, en especie o en dinero, los bienes del monopolio, que entonces eran estimados en un valor neto de 5.000 millones o 6.000 millones de pesetas. Los accionistas privados tendrían la posibilidad de suscribir acciones por otra cantidad similar, lo cual no alteraría la estructura de la propiedad, pues sí existe el imperativo legal de que el Estado tenga siempre la mayoría en Tabacalera, SA. Así, el capital de Tabacalera casi sería triplicado: de los 5.845 millones de pesetas pasaría a unos 16.000 millones.
La comisión nombrada por el ministro de Economía y Hacienda -integrada por el director general del Patrimonio del Estado, el interventor general del Estado y el delegado del Gobierno en Tabacalera- ha estimado el valor neto de los bienes del monopolio de tabacos en cerca de 15.000 millones de pesetas. Por su parte, la comisión de accionistas privados -de la que forman parte Josep Vilarasau, por la Caja de Pensiones, y Alfredo Lafita, por la Banca March, quienes cuentan con el apoyo del secretario general y del director financiero de la compañía- ha superado ampliamente las posiciones de partida, aunque todavía se resiste a cifrar dicho valor en más de 10.000 millones.
Las fuentes consultadas confían en que ambas partes lleguen a un acuerdo durante las próximas semanas, pese a los planteamientos de firmeza expresados por los representantes del Estado. Mientras que los privados siempre han preferido guiarse por la fórmula inicialmente planteada -descontar al valor de los bienes del monopolio los derechos de reversión-, los comisionados del Estado defienden que por dos prácticas habituales en estas operaciones se llega a la misma conclusión: 14.000 millones o 15.000 millones. Una consiste en incluir dentro de la valoración de los bienes el fondo de comercio que corresponde al Estado. La otra considera la actualización de los beneficios futuros esperados por Tabacalera, próximos a los 3.000 millones de pesetas constantes cada año (en 1985 ha contabilizado 2.129 millones).
En todo caso, después de que se llegue a un acuerdo en la valoración final, que podría superar los 12.000 millones de pesetas según algunas fuentes, el Estado y Tabacalera tienen que replantearse cómo se realizará el paso de los bienes del monopolio sin afectar a la estructura de la propiedad ni a la tesorería de la empresa. Caben múltiples fórmulas, aunque cuanto mayor se ha hecho la valoración final más difícil resulta que el Estado aporte todo en especie, a la espera de que los privados correspondan con una contribución similar.
