El ejemplo de los antípodas

EL CONFLICTO entre Nueva Zelanda y Estados Unidos, que estalló en febrero de 1985 al negarse el Gobierno laborista de WeIlington a permitir la entrada en sus puertos a un destructor de la Marina norteamericana, se ha agravado en los últimos días. El Gobierno neozelandés decidió prohibir la entrada a barcos portadores de armas nucleares o propulsados por energía nuclear. Cuando Nueva Zelanda hizo pública tal prohibición, EE UU se negó a informar si el destructor en cuestión era portador o no de armas nucleares. El Gobierno de Wellington se mantuvo firme, respaldado por una mayoría del Parlamento. Las visitas de barcos de guerra norteamericanos a Nueva Zelanda fueron suspendidas desde entonces y EE UU excluyó a Nueva Zelanda de las maniobras militares organizadas por el tratado de defensa mutua ANZUS, en el que se hallan integrados EE UU, Australia y Nueva Zelanda.En una conversación reciente en Manila, el primer ministro neozelandés, David Lange, y el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, intentaron aproximar sus puntos de vista para normalizar las relaciones en el seno del ANZUS. No sirvió de nada: Lange no podía modificar una posición determinada por el Parlamento y con amplio respaldo de la opinión del país. Shultz se mostró intransigente en la negativa a que los navíos de su país con intención de recalar en puertos neozelandeses declaren si portan armas nucleares.

Esto que sucede en los antípodas de nuestro país afecta, sin embargo, a la situación de España dentro de la OTAN en lo referente a las armas nucleares. España es el único país que, no ya por votación del Parlamento, sino en virtud de un referéndum que el Gobierno convocó y ganó, ha decidido que "se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español". El subrayado es nuestro. En la polémica con Nueva Zelanda EE UU no ha argumentado sobre cuestiones concretas del Pacífico, sino a partir de una doctrina global "que consiste en no confirmar ni desmentir la existencia de armas nucleares". De esa doctrina global surgen preguntas serias referentes al caso español. La primera, la de si se aplica a las entradas de buques norteamericanos en los puertos españoles. En una declaración de la Embajada de EE UU en Wellington se dice: "Nuestros aliados, muchos de los cuales comparten vuestra fobia antinuclear en un grado u otro..., han evitado colocarnos en esa posición (la de tener que decir si existen o no armas nucleares) porque reconocen universalmente que ello imposibilitaría una colaboración efectiva en la alianza y degradaría nuestra posición de disuasión". España, empero, no es un país que tiene más o menos fobia al arma nuclear; es un país cuya presencia en la OTAN está condicionada por la prohibición no sólo de almacenar y de instalar, sino de introducir armas nucleares. Pero es evidente que si esa doctrina global se está aplicando a España, nuestro Gobierno no tiene garantías de que los barcos que entran en nuestros puertos no sean portadores de armas nucleares. En tales condiciones, difícilmente se puede decir en serio que España es un país desnuclearizado. Con lo que cae una de las muchas máscaras con que se embozó el Gobierno a la hora de convocar y ganar el referéndum de la OTAN, haciendo aprobar cosas que no se pueden cumplir y poniendo a discusión temas sobre los que la soberanía de la mayoría de los países es más que limitada.

Pero ese principio de prohibición de introducir armas nucleares, votado por los ciudadanos, no puede quedar en una simple declaración. Es fundamental adoptar medidas para que se plasme en la política práctica, incluso en normas legales operativas, y tiene que ser esencial en la renegociación del convenio bilateral con Estados Unidos firmado por la UCD en 1982 y ratificado por el Gobierno socialista, convenio que en lo referente al armamento nuclear es mucho más blando y ambiguo que el tratado que Areilza había firmado en 1976.