El Tribunal Europeo de Justicia suspende el presupuesto de la CE

El Tribunal Europeo de Justicia tomó ayer la decisión de suspender el presupuesto de la Comunidad Europea (CE) para 1986, tras considerar ilegal su aprobación en diciembre por el presidente del Parlamento Europeo, Pierre Pflimlin. La diferencia entre los proyectos de ambas instituciones asciende a 628 millones de ECU (unidad europea de cuenta, unos 86.000 millones de pesetas). Esta decisión incrementa las posibilidades de que España se convierta en contribuyente neto a las arcas comunitarias.

Para evitar que la CE atraviese la "más grave crisis financiera de su historia", en palabras del comisario Henning Christophersen, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros comunitario intentarán de aquí a la semana próxima llegar a un acuerdo sobre el presupuesto del año en curso. La Comisión Europea ya ha puesto en marcha el procedimiento necesario para aprobar un nuevo presupuesto que pueda ser discutido por los ministros de Presupuestos de la CE el próximo lunes en Bruselas, antes de que el miércoles se inicie en Estrasburgo una negociación entre ministros y Parlamento.De no lograrse un acuerdo, la CE tendrá que financiarse provisionalmente mediante contribuciones de los Estados miembros calculadas sobre el presupuesto de 1985, previsto para una Comunidad de tan sólo 10 países y cuyo techo asciende al 1,26%. del IVA recaudado, en vez del 1,4%. La bancarrota comunitaria estaría a la vuelta de la esquina. Pero la continuación de las diferencias supondrá además una rebaja de algunos de los gastos suplementarios decididos por el Parlamento con relación a los que propusieron los representantes de los doce.

El aumento de diciembre había sido decidido por el Parlamento para "estar a la altura de los compromisos que conllevaba la ampliación" de la Comunidad a dos nuevos miembros, que recuperarían así con creces, a través de estos fondos, su contribución a las arcas de la CE. La probable disminución del dinero otorgado a estos fondos induce a sospechar que España será en definitiva contribuyente neto, a menos que la falta de acuerdo entre el Consejo de Ministros y el Parlamento obligue a la CE a financiarse temporalmente mediante contribuciones de los miembros basadas en el presupuesto de 1985.

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