Burón estudia querellarse contra tres magistrados de la Audiencia Provincial

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, estudia desde hace varios días si presenta una querella contra los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y el personal a sus órdenes por su presunta implicación en un delito de detención ilegal, supuestamente cometido al no haber puesto en libertad a varias personas, detenidas preventivamente y para las que el fiscal había solicitado la libertad.

En algún caso, el detenido pasó más tiempo en prisión preventiva que la pena solicitada por la acusación, y en varios casos se han rebasado los plazos máximos que establece la ley. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene abiertas diligencias informativas sobre el caso y el próximo jueves la comisión disciplinaria decidirá sobre ello.Los hechos fueron descubiertos el pasado 5 de junio por la fiscalía de la Audiencia de Madrid, cuando reclamó varias causas criminales que se tramitan en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que preside el magistrado Faustino Mollinedo, de 67 años. El fiscal comprobó que en varios sumarios los detenidos habían superado los plazos máximos de prisión preventiva que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal, así como otras situaciones irregulares especialmente llamativas.

Se da la circunstancia de que uno de los detenidos para quien el fiscal pidió la libertad, y que fue acordada por el tribunal en octubre de 1985, no salió de la cárcel hasta este mes, es decir, ocho meses después, porque no se envió a la prisión el telegrama que informaba sobre la puesta en libertad.

Otro detenido, para quien el fiscal pide un año de cárcel, ha superado con creces ese tiempo en prisión preventiva, es decir, ha permanecido más tiempo en prisión del que habría tenido que pasar si le condenaran a la pena más grave que se pide para él.

Fuentes judiciales han señalado que hay una decena de causas con presos preventivos en las que se han descubierto irregularidades, principalmente de detenidos que tendrían que haber sido puestos en libertad y que han pasado generalmente entre cuatro y seis meses de más en prisión. Otras fuentes han señalado que los sumarios con irregularidades son alrededor de 80, aunque en muchos de ellos no hay presos preventivos.

Las causas en las que han sido descubiertas las irregularidades fueron instruidas en su gran mayoría por el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, que las remitió a la Sección Segunda con celeridad, pero allí quedaron atascadas.

La fiscalía de Madrid, con los datos recabados, elaboró un informe que elevó al fiscal general del Estado y a la presidencia de la Audiencia Territorial de Madrid, y que ha sido remitido por sus titulares, Luis Burón y Clemente Auger, cada uno por su lado, al Consejo General del Poder Judicial. De esta forma se ha cubierto la posibilidad de acceder a las vías penal y disciplinaria contra los responsables de los hechos.

Preocupación y malestar

Luis Burón, que ayer despachó sobre el caso con el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Fernando Jiménez Lablanca, estudia la presentación de una querella, aunque previsiblemente esperará a que el CGPJ se pronuncie. La querella estaría dirigida contra los magistrados de la Sección Segunda (los ponentes de cada causa) y contra todo aquel personal auxiliar (secretario, oficiales, etcétera) que resulte responsable de los hechos También pueden figurar en la querella los abogados de los de tenidos o incluso algún fiscal que no realizó convenientemente el seguimiento de sus peticiones de libertad. El Consejo recibió la documentación sobre el caso el pasa do día 20, e inmediatamente encomendó al servicio de inspección la apertura de diligencias informativas. Dentro de estas diligencias se han pedido informes a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Una vez cumplimentados y en unión de toda la documentación existente serán trasladados a la comisión disciplinaria del alto organismo, que estudiará el caso en su próxima reunión, el jueves día 3.Fuentes jurídicas informaron que muy probablemente la comisión disciplinaria adoptará una resolución. Entre las posibilidades de la comisión figura que se continúe con la tramitación de las diligencias informativas, que se acuerde convertir el caso en un expediente disciplinario y/ o que se inste al fiscal del Estado para que inicie la persecución de los hechos por la vía penal.

En las altas instancias de la judicatura, el caso ha causado malestar, fundamentalmente porque consideran que se ha producido un abandono en la citada sección de la Audiencia que es lo que ha provocado las fuertes demoras, pero al mismo tiempo se valora como una atenuante la escasez de medios con que se mueven los tribunales españoles.

En fuentes de la magistratura existe gran interés en puntualizar que no se trata de un supuesto similar al de los jueces Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos. En este caso, no ha existido un interés económico ni de otro tipo; se trata de abandono o desidia, aunque, añadieron, no hay justificación para ese comportamiento.