El Ayuntamiento de Xàbia pide la nulidad de la adjudicación de terrenos a Navarro Rubio

El Ayuntamiento de Xàbia (Jávea), de mayoría socialista, ha acordado iniciar el procedimiento para declarar nulidad de pleno derecho en la adjudicación de terrenos del cabo de San Antonio a los familiares de Mariano Navarro Rubio, ex ministro de Franco, a principios de los años sesenta. Dos parcelas, una de 18.300 metros cuadrados y otra de 43.280, fueron adjudicadas a la esposa del ex ministro, Dolores Serres, por 1.000 y 2.000 pesetas, respectivamente.

Un informe jurídico realizado para el Ayuntamiento de este municipio alicantino por los abogados Felipe Guardiola y Enrique Linde concluye que, al parecer, no sólo no se celebraron de acuerdo con la ley las correspondientes subastas, sino que ni siquiera esas cantidades simbólicas, incluso para la época, fueron depositadas. A la vista del informe, el Ayuntamiento, presidido por el socialista Enrique Bas, decidió iniciar un procedimiento para que la adjudicación de los terrenos a la familia de Navarro Rubio, a quien ayer EL PAÍS intentó localizar sin éxito, sea declarada nula de pleno derecho. Esta vía de recuperar los terrenos para el municipio la recomienda el informe jurídico. Dado al tiempo transcurrido, los tribunales no podrían declarar como tales los posibles delitos que presuntamente se hubiesen cometido en los trámites de adjudicación porque, de existir, habrían prescrito.La decisión de solicitar la nulidad de la adjudicación, que, de prosperar, haría volver los terrenos a la inicial propiedad municipal, fue adoptada por mayoría en el Ayuntamiento, con los votos favorables de los concejales socialistas y de del CDS y la abstención de los de Coalición Popular. Los terrenos adjudicados a la esposa de Navarro Rubio figuran inscritos en la actualidad en el Registro de la Propiedad a nombre de la empresa Cabsan, SA, formada por ella y por Navarro Rubio. Según ha manifestado Felipe Guardiola, el hecho de que la adjudicataria inicial figure en esta sociedad invalida la posibilidad de que los terrenos fuesen irrecuperables al haber sido comprados por un tercero de buena fe.

Entre las presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos figura que en las actas de las respectivas subastas únicamente firma el entonces alcalde, Juan J. Tena Jovaní, sin que firmase ni el secretario ni algún concejal, ni tampoco la adjudicataria, en contra de lo que marca la ley. En cuanto a las escrituras de adjudicación, ambas marcan extensiones superiores para las dos parcelas a las supuestamente adjudicadas.