La acusación particular pide cuatro años de prisión menor para los ingenieros de Tous

Los abogados de las asociaciones de damnificados por las inundaciones de Valencia -Afiva y Apemeda- han solicitado a la zona tercera de la Audiencia Provincial de Valencia penas de cuatro años de prisión menor para los cuatro ingenieros procesados en el sumario que se sigue por el desmoronamiento de la presa de Tous. Asimismo piden el pago de una indemnización cercana a los 15.000 millones de pesetas para compensar las pérdidas sufridas por 6.000 socios de estas agrupaciones que están personados en calidad de acusación particular en la causa 56/82.

Los representantes de Afiva y Apemeda señalan en su auto de conclusión provisional que debe decretarse la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. La acusación particular asegura que el técnico Salvador Madrigal, autor definitivo del proyecto, concedió a la presa de Tous una capacidad de laminación muy escasa, puesto que con un incremento de nivel de unos tres metros se producía el desbordamiento de la presa por arriba de las compuertas de superficie.Florentino Santos, que ostentaba el cargo de ingeniero director de la presa, el día de la catástrofe, no adoptó, según las asociaciones, las medidas necesarias para el perfecto funcionamiento de los elementos básicos de la presa, como las compuertas de los aliviaderos de superficie y los desagües de fondo. El tercer procesado por esta causa, Román Guerrero, jefe del servicio de grandes presas, del Ministerio de Obras Públicas, no adoptó, según observa la acusación particular en su calificación, "medida alguna para garantizar la seguridad e integridad de la presa de Tous puesta en funcionamiento en 1978 sin que la obra hubiese sido recibida por la Administración.

Estas asociaciones aprecian que el cuarto procesado, Jesús González Marín, ingeniero técnico a pie de obra, ordenó el traslado del grupo electrógeno unas fechas antes de ocurrir el accidente a una cota tan baja que fue inutilizado rápidamente por las aguas. Para las asociaciones de damnificados, los hechos cometidos por los cuatro ingenieros del MOPU, constituyen un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte y daños.

El fiscal del sumario, Gonzalo López-Ebri, solicitó en el mes de mayo pasado a la Audiencia Provincial de Valencia el procesamiento tan sólo de dos ingenieros, Salvador Madrigal y Jesús González Marín, reclamando en concepto de indemnización el pago de 40.300 millones de pesetas.