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Los fiscales del 'caso Catalana' incorporan un nuevo delito al pedir el procesamiento de Pujol y otros 17 ex directivos

Los fiscales del caso Banca Catalana entregaron ayer formalmente, a las dos de la tarde, al presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Jaume Amigó de Bonet, un escrito en el que piden el procesamiento de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, y de 17 ex directivos más de Banca Catalana, por los delitos de apropiación indebida, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y por "maquinaciones para alterar el precio de las cosas". Los fiscales, Carlos Jimenez Villarejo y José Mª Mena presentaron este escrito de petición de procesamiento obedeciendo una orden que les dio el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, el pasado 26 de junio, según informaron ayer en una conferencia de prensa.

En este escrito, los fiscales se reafirman sustancialmente en la petición de procesamiento formulada en las tesis generales expuestas hace dos años en el escrito de querella, aunque incorporan una acusación más, exculpan a seis de los querellados e incorporan al proceso a una nueva persona. La querella afectaba inicialmente a 25 ex consejeros e incluía la comisión de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.En el documento presentado ayer se solicitan los procesamientos en el siguiente orden: Jaume Carner, Jordi Pujol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana, Joan Martí Mercadal, Josep Lluís Vilaseca, Andreu Ribera Rovira, Martí Rosell, Olegari Soldevila Godó, Joan Baptista Cendrós, Salvador Casanovas, Lluís Montserrat, Ramón Miquel Ballart, Delfi Mateu, Joan Casablancas, Esteve Renom y Antoni Armengol.

Junto a estos acusados, cuyos nombres aparecían en el escrito de acusación original, los fiscales reclaman ahora el procesamiento, también, de un nuevo implicado: el letrado Jaume Pujol.

Jaume Pujol Garriga formó parte del gabinete jurídico de Banca Catalana, fue consejero secretario del Banco Mercantil de Manresa e intervino con más de 13 millones de pesetas en la fundación de la Sociedad Anónima Serfi, una de las principales empresas instrumentales del grupo, dedicada a las inversiones en acciones y títulos de todo tipo.

Serfi se registró el 24 de abril de 1970 y, según certificó el notario Lluís Roca Sastre, tenía un capital fundacional de 25 millones de pesetas. Serfi, al parecer, se creó para la compra de acciones del Banco de Asturias. En la sociedad participaron también Cortés Planes, que invirtió más de seis millones de pesetas, y un ex consejero del Banco Industrial de Cataluña, Joan Huguet Picart, que puso cinco millones.

Los seis excluidos

Los fiscales pidenahora al pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona que apee del procedimiento judicial a seis ex consejeros de la entidad, por entender, tras sus investigaciones, que "de lo actuado nada pone en tela de juicio la diáfana pulcritud de su cometido". Este sobreseimiento afecta a Joan Millet Tusell, Victor Sagi, Ferran Aleu, Pere Meseguer, Francese, Constans y Manuel Ingla.

El ministerio público no hace ninguna referencia a los ex consejeros fallecidos durante la tramitación del procedimiento, Antoni de Moragas Gallissá y Ramón Montforte Novalón, por considerar que sus presuntas responsabilidades penales han quedado extinguidas.

Un nuevo delito

José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo aseguraron haber llegado a la conclusión de que, además de los delitos considerados inicialmente - apropiacion indebida y falsedad- se habría cometido otro, el de maquinación para alterar el precio de las cosas, y que tal maquinación podría haberse cometido en determinadas operaciones de venta de acciones de Banca Catalana.

Los fiscales se negaron a concretar los cargos de cada imputado, pero aseguraron que el de maquinación afectaba sólo a alguno o algunos de ellos, sin especificar si se referían a Pujol. De sus manos pasó a la Fundación Catalana uno de los paquetes de acciones más importantes de Banca Catalana, configurando una controvertida operación financiera que provocó el pasado otoño una polémica periodística. Su abogado, Joan Piqué, desmintió entonces en una rueda de prensa que su cliente hubiera vendido las acciones, y añadió que simplemente las había donado.

Los fiscales recalcaron ayer que durante la instrucción del sumario habían encontrado indicios que acusan a los imputados de haber cometido varios delitos de apropiación indebida y de falsedad documental, y no uno solo, que era lo planteado en la querella inicial. Según ellos, esta multiplicidad de delitos daría pie a la formulación de la forma delictiva, conocida procesalmente con el nombre de "delito continuado", regulada en los artículos 69 y 69 bis del Código Penal.

La petición de procesamiento consta de 428 folios y va acompañada de 17 anexos, que contienen cuadros explicativos de datos extraídos del sumario; tambien incluye un informe de 59 folios, emitido por dos funcionarios del Banco de España relativo "al análisis de los efectos que habría tenido sobre el patrimonio de Banca Catalana la agregación de los estados contables de la caja B [la caja negra], y la consolidación de los balances de las 27 sociedades instrumentales".

Los fiscales han aportado también dos carpetas con 1.402 folios relativos a documentos del Banco de España, relacionados con la compra irregular de bancos a través de la caja B y de sociedades instrumentales. Asimismo, han entregado al presidente de la Audiencia Territorial varias comunicaciones del Banco de España relacionadas con los hechos objeto de la investigación sumarial, así como certificaciones de diversos registros mercantiles relativos a la composición de los consejos de administración de 14 sociedades anónimas instrumentales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de julio de 1986

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  • Excluidos de la petición seis de los implicados inicialmente en la querella