La Junta de Jueces de Madrid se compromete a aliviar la situación de los juzgados
La Junta de Jueces de Instrucción de Madrid, que agrupa a los 33 magistrados que imparten justicia penal, ha elaborado un extenso documento en el que afirma que "comparten el generalizado sentimiento de insatisfacción por el deficiente funcionamiento de la Administración de justicia" y se compromete a hacer lo que esté en su mano para intentar aliviar la caótica situación de los juzgados. Para ello reclama una serie de medios indispensables, entre los que figura el triplicar el número de juzgados penales en Madrid, rediseñar la oficina judicial y la asignación de una serie de servicios, como intérpretes, peritos, policía judicial y asistencia social, entre otros.
Los jueces precisan que durante 1985, en Madrid, 33 juzgados de instrucción tuvieron que afrontar 200.516 procedimientos incoados, con un promedio de 6.076 por juzgado. En esas condiciones, según la Junta de Jueces, es imposible realizar una justicia rápida y eficaz, en la que el juez esté presente en las diligencias judiciales.No obstante, los jueces se comprometen a observar el principio de inmediación en las situaciones imprescindibles, como en las declaraciones de detenidos (fundamental para acordar sobre su libertad o prisión), reconocimiento en rueda (identificación del detenido por los testigos, que suele ser prueba clave para decidir la absolución o condena) y el respeto al horario de audiencia al público.
La Junta de Jueces se compromete también, en el escrito, a mantener la actividad procesal de las causas en las que haya algún inculpado en prisión preventiva, para evitar que la privación de libertad se prolongue más allá de lo estrictamente indispensable.
Los magistrados han instado en varias ocasiones al Consejo General del Poder Judicial la provisión de una serie de medios necesarios para paliar la situación. Los jueces reiteran la petición y urgen al consejo para que de inmediato les proporcione los medios siguientes: un servicio de intérpretes cualificados, hoy inexistente, y un cuerpo de peritos, no sólo capaces de realizar con profesionalidad las múltiples tasaciones, sino de rendir informes en materias tan complejas como las financieras y contables (plano de la delincuencia económica) o industriales (plano de la delincuencia ecológica e industrial).
También solicitan unidades de Policía Judicial, inexistentes en la práctica, y que constituye una fuente constante de ineficacia del servicio judicial. Un replanteamiento de las relaciones con la Administración penitenciaria, que permita poner fin a las deficiencias en las conducciones y traslados de detenidos y presos, y que dilatan indebidamente la tramitación de los procedimientos.
Entre otras cuestiones, piden también la creación de un servicio de asistencia social, centros de reinserción de delincuentes jóvenes y de rehabilitación de toxicómanos. Para la provisión de estos medios solicitan el apoyo a la Comunidad de Madrid.
Programa
Como programa a medio plazo, susceptible de llevarse a cabo gradualmente dentro de la presente legislatura, los jueces estiman necesario que se triplique el número de juzgados en Madrid, para que ninguno de ellos supere los 2.500 asuntos. Además, consideran imprescindible la mecanización de la oficina judicial con los mismos criterios de eficacia que los usuales en la gestión empresarial (medios fotomecánicos de reproducción, informatización judicial racionalizada, etcétera). Para ello es indispensable rediseñar la oficina judicial y racionalizar las prácticas judiciales que lo permitan."Los criterios expuestos", según los jueces, "al potenciar la relación directa del juez con los justiciables y con los demás intervinientes en el proceso, pueden contribuir a una sensible reducción de las disfunciones, corruptelas y casos de abierta corrupción, cuya existencia se viene denunciando genérica y reiteradamente". Por ello, los jueces entienden que el servicio de inspección debe de ser reorganizado y cambiar de mentalidad.
Los magistrados propugnan que se respete el principio de que el instructor y el juzgador de las causas sean distintos y señalan que hay que acabar con el vicio de que las pruebas constan en el sumario, sino que se deben presentar en el juicio.
Por último, la Junta de Jueces llama la atención sobre la necesidad de coordinar las reformas orgánica, procesal y sustantiva. "De nada sirve decretar acortamientos de plazos, sistemáticamente incumplidos por imposibilidad material de llevar a cabo una tarea que desborda con mucho los baremos fijados como techo de eficacia. Poco rentable socialmente será mantener a los órganos jurisdiccionales abrumados por una criminalidad de bagatela, que impide desarrollar el esfuerzo que precisan los casos más graves y complejos". Los jueces consideran urgente la derogación de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y la articulación legislativa de medidas sustitutivas de las penas cortas privativas de libertad.
