Socios de la Agrupación Deportiva del Canal de Isabel II replican a Aguiló

Una representación de socios de la Agrupación Social Deportiva del Canal de Isabel II ha replicado las palabras de Miguel Aguiló, presidente del consejo de administración del canal, que manifestó que antes de la apertura al público de sus instalaciones, el pasado 1 de junio, "se entraba a dedo en la agrupación" (ver EL PAÍS del 24 de junio). Un portavoz de los socios afectados señaló que "los miembros de la agrupación, en su mayoría de clase media-baja, han contribuido durante 50 años al mantenimiento de las instalaciones y ahora ven cómo han desaparecido todos sus derechos de un plumazo".Los socios precisan que en 1985 se llegaron a pagar cuotas familiares de nuevos miembros por un valor cercano a las 300.000 pesetas. "Pese a la cantidad desembolsada", señala un portavoz de los afectados, "los nuevos socios y los que llevamos varios años pagando nuestra cuota nos vemos ahora en las mismas condiciones del público en general". "No pedimos que no se permita el paso del público a las instalaciones", añade, "pero exigimos unas contraprestaciones mínimas por unos derechos acumulados. En la situación actual, ni siquiera tenernos garantizado el acceso a las instalaciones, ya que frecuentemente se llega al tope máximo de 2.000 visitantes".

Las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II, situadas en la intersección de las calles de Islas Filipinas y Bravo Murillo, eran usadas hasta el pasado 1 de junio por unas 10.000 personas, entre empleados del canal, familiares y socios. Estos últimos -unos 5.000- pagaban una cuota familiar de entrada y un complemento anual por miembro que el año pasado era de 9.000 pesetas. La cuota anual ha dejado de pagarse este año, pero los socios han de pasar por taquilla y pagar el mismo precio que el resto de los visitantes de las instalaciones.

Para los responsables del Canal de Isabel II, la decisión de abrir las instalaciones al público ponía fin a "una privatización, de los bienes comunes". Los socios no cuestionan este último punto, pero lamentan que no se haya contado con su voz para debatir las posibles consecuencias de esta decisión. Algunos de ellos han anunciado su intención de emprender una acción legal contra el Canal de Isabel II.