Las inversiones y el miedo a un Gobierno negro frenan las sanciones contra Pretoria

Los Gobiernos que se oponen a que la comunidad internacional adopte sanciones globales contra Africa del Sur como medio de luchar contra el apartheid utilizan principalmente cuatro argumentos: las sanciones no conseguirían su objetivo, porque Suráfrica tiene una economía autosuficiente; Occidente se quedaría sin metales estratégicos que son esenciales para su defensa; los países vecinos de Africa del Sur y la propia población negra surafricana sufrirían las peores consecuencias, y la minoría blanca reaccionaría violentamente, cerrando el paso a reformas y negociaciones. Todos estos argumentos son, según expertos de la ONU, una pura falacia que oculta las dos auténticas razones: pérdida de inversiones y beneficios y miedo a que un Gobierno de mayoría negra adopte actitudes tercermundistas ajenas a los intereses occidentales.

La economía surafricana, aseguran dichos expertos, reunidos la semana pasada en París, es altamente dependiente del dinero y de la tecnología occidental. La situación actual no se aleja mucho de la que describió en 1974 J. B. Vorster, entonces presidente de África del Sur: "Cada acuerdo comercial cada préstamo, cada nueva inversión es un ladrillo más en la muralla de nuestra existencia".Suráfrica tiene actualmente una deuda exterior de 24.000 millones de dólares (3.408 millones de pesetas), de ellos 14.000 millones a corto plazo. Las inversiones extranjeras se cifraban a mediados de 1985 en unos 47.000 millones de dólares, procedentes en su mayor parte del Reino Unido, EE UU, República Federal de Alemania, Francia y Suiza. Una acción conjunta de bancos y empresas, negando préstamos y retirando capital, tendría un impacto rápido y poderoso en la economía surafricana.

La presión de la opinión pública ha conseguido ya en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, resultados interesantes. Desde 1976 hasta hoy, las empresas norteamericanas han desinvertido cerca de 5.000 millones de dólares. En 1985 se retiraron de África del Sur 28 firmas estadounidenses y no se instaló ninguna nueva. Sin embargo, las compañías norteamericanas siguen representando el 70% de la industria informática surafricana, el 50% de la de petróleo y el 30% de la automovilística. Multinacionales como Coca-Cola, Ford y Union Carbide siguen en el país.

Los expertos denuncian además un hecho lamentable: parte del mercado que abandonan los norteamericanos cae rápidamente en manos de empresas de la RFA, de Japón o de Italia. Cuando la IBM "estudia" la posibilidad de retirarse, Olivetti aumenta su penetración sin que la opinión pública italiana reaccione con boicoteos locales que son altamente eficaces, según demuestra la experiencia norteamericana. El Gobierno Japonés, que teóricamente prohíbe desde 1968 las inversiones en África del Sur, hace la vista gorda ante el hecho evidente de que el 40% de los automóviles que circulan en aquel país son de la firma Nissan.

Tecnología militar

El régimen del apartheid necesita la tecnología occidental incluso para su Ejército. Los especialistas afirman que es falso que el 95% del armamento surafricano sea de producción propia. Los aviones son británicos y franceses; los vehículos blindados, alemanes y japoneses; los sistemas de telecomunicaciones, británicos y franceses, y las computadoras, norteamericanas. El 30% de las armas y el 80% de los componentes de las manufacturas locales son importados. Tampoco es cierto que África del Sur sea prácticamente autosuficiente en materia de combustible. El problema de las inmensas reservas de África del Sur en minerales estratégicos (cromo, manganeso, platino y vanadio, fundamentalmente) ha sido también exagerado. La revista norte americana Fortune publicó en septiembre de 1985 un artículo esclarecedor en el que demostraba que un eventual embargo surafricano podía ser perfectamente asumido por la sociedad occidental."No querer sancionar al régimen racista de Pretoria para no hacernos sufrir más a los negros es algo así como no combatir a los nazis para no perjudicar a los judíos", exclamó irritado en la conferencia de París un responsable del Congreso Nacional Africano (ANC). Los documentos aportados por el Comité Anti-Apartheid de las Naciones Unidas demuestran que los países de la primera línea, es decir, fronterizos con África del Sur, sufrirían a corto plazo las consecuencias de las sanciones, pero experimentarían un alivio definitivo con la desaparición del actual régimen surafricano.

El mencionado comité pulveriza también el argumento según el cual la comunidad blanca surafricana se cerraría en banda a un posible cambio negociado. "En ningún momento las autoridades surafricanas han afirmado que estén dispuestas a terminar con el régimen del apartheid. Proponen reformas y modificaciones, pero no aceptan negociar, de ninguna forma, sobre el punto esencial, es decir, el derecho de voto para los negros, que les daría la mayoría absoluta en el Parlamento".