Tropiezos autonómicos

Los SOCIALISTAS han logrado durante la legislatura completar el mapa autonómico y reducir tensiones entre las comunidades autónomas y el poder central, si bien la existencia de diversos problemas, y en primer lugar el de la financiación, impiden dar por ultimado el diseño del Estado consagrado por la Constitución. El PSOE, que al comienzo de la legislatura vio desautorizada por el Tribunal Constitucional la política plasmada en la LOAPA (ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), buscó en la institucionalización de instrumentos de negociación o en la conclusión de pactos políticos, como el firmado en Euskadi con el Gobierno Vasco, vías alternativas que resolvieran los contenciosos autonómicos. De todas maneras, puede decirse que, diez años después de muerto el dictador y casi ocho de ser aprobada la Constitución, los dos principales problemas autonómicos, Cataluña y Euskadi, siguen sin resolverse y se ven enmarcados en una dinámica de permanente inestabilidad.Responsabilidad esencial en todo ello cabe atribuir al PSOE. La estrategia de acoso al Gobierno de UCD fue decisiva en la posición de los socialistas en relación al referéndum andaluz de 1980. El desconcierto de Suárez ante un proceso que había escapado a su control fue aprovechado por el PSOE para lanzar una carga de profundidad que supuso a la larga el principio del fin de UCD. Sin parar mientes en los efectos que desataba, el PSOE descubrió en el fondo de su alma una insospechada vocación nacionalista -al menos, nacionalista andaluza-, que si, por una parte, resultó altamente eficaz para consagrarle como alternativa de poder, determinó por otra la paralización del proceso autonómico por largo tiempo.

Los pactos autonómicos suscritos en julio de 198 1, en la resaca del 23-F, por centristas y socialistas vinieron a poner.fin a esa paralización. El PSOE tomó conciencia del caos que podría derivarse de la dinámica abierta -con su concurso- por el referéndum andaluz y aceptó entrar en la vía de la racionalización del proceso autonómico. UCEI y PSOE, partidos mayoritarios en los Gobiemos preautonómicos que todavía no contaban con un estatuto propio, se pusieron de acuerdo para canalizar esos estatutos por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución. Por otra parte, ambos partidos aceptaron la solución administrativista propuesta por una comisión de expertos -presidida por el profesor García de Enterria- como fórmula para poner orden en la maraña legislativa que podría resultar de la existencia de 17 parlamentos autonómicos.

El resultado de esa orientación fue la citada LOAPA, que consagraba la prevalencia automática de la legislación central sobre la autonómica, incluso para aquellas comunidades que ya contaban con estatuto propio. Al asumir hasta el final dicha lógica, el PSOE cargó con una pesada hipoteca de futuro en Euskadi y Cataluña, donde el sentimiento nacionalista es social y políticamente mayoritario. La declaración de inconstitucionalidad de partes sustanciales de la LOAPA, en agosto de 1983, obligó al Gobierno de González a volver al planteamiento de la negociación política, con el Tribunal Constitucional como árbitro en caso de conflicto, a la hora de delimitar las competencias. Ésa ha sido la vía seguida desde entonces. Muchos de los contenidos de la LOAPA fueron indirectamente recuperados luego en virtud de átierdos negociados por las partes. Ello ha permitido que, en general, la conflictividad entre el Estado y los órganos territoriales haya disminuido en los últimos tres años. El positivo resultado de la negociación de las leyes de Régimen Local y de las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Función Pública con nacionalistas vascos y catalanes demuestra hasta qué punto era absurda la pretensión anterior de otorgar al poder central la capacidad de definir unilateralmente el marco de actuación de los poderes autonómicos.

En el haber del Gobierno socialista figura la casi culminación del proceso de transferencia de servicios. Pero todavía en el País Vasco y Cataluña el 10%. de los mismos está pendiente de acuerdo. En cuanto a la financiación, el Gobierno llegó a un pacto con la Generalitat de Cataluña para resolver las transferencias presupuestarias realizadas en los tiempos de UCD, coincidiendo con los apoyos parlamentarios de Minoría Catalana al partido entonces en el poder. De todas formas, el sistema sigue siendo provisional, quedando pendiente para la próxima legislatura la fijación definitiva. Lo mismo cabe decir del cupo vasco, que se negocia cada año también con carácter provisional, revisándose la liquidación definitiva cada quinquenio. La fijación de un sistema definitivo de financiación para aquellas comunidades que no disfrutan de concierto económico es, por lo demás, la principal cuestión pendiente. Junto a ello, la estructuración del Senado como cámara de las autonomías, según la previsión constitucional, y la adaptación del sistema a la nueva configuración resultante de la integración en la Europa comunitaria, son retos a que habrá de hacer frente el próximo Gobierno.

Pero si desde el punto de vista administrativo son de valorar los logros señalados, desde el político difícilmente puede decirse que la gestión socialista haya dado grandes pasos en los contenciosos autonómicos. Por un lado, el Estado de las autonomías no logra enraizarse en la conciencia ciudadana, salvo en aquellas regiones o nacionalidades históricas que ya tenían conciencia de su propia identidad. Por otro, la persistencia del terrorismo en el País Vasco y el victimismo del que se sigue abusando por parte del nacionalismo catalán enturbian el panorama, que se ve además cruzado de polémicas. La guerra de las banderas -que el Gobierno tuvo que afrontar recién subido al poder- y los contenciosos lingúísticos son ejemplo de algunas de ellas. La utilización por parte del actual gobierno de la Generalitat y de Convergéncia del caso de Banca Catalana como un pretendido agravio a Cataluña entera, y la timidez final de los socialistas en torno a esta cuestión, sirven también para ilustrar las dificultades añadidas que ha sufrido la construcción del Estado autonómico.