Varias empresas electrónicas recurrirán ante la CE un decreto de homologación "proteccíonista"

Una veintena de empresas electrónicas españolas presentará un recurso ante la Comisión Europea contra el decreto de homologación de autómatas programables industriales, aparecido en el Bokdn Oficial del Estado el pasado 15 de marzo. Según las empresas, el decreto supone "un proteccionismo exagerado" y "no podrá ser cumplido en todos sus términos" por diversas razones; entre ellas, los altos costes que ello supondría para los importadores".

Las firmas pretestantes han decidido agruparse: creando la Asociación de Sistemas para la Automatización Industrial. Dicha asociación, según el portavoz, podría formalizarse en los próximos días y agruparía a la mayoría de las empresas importadoras de productos extranjeros y a las empresas que cuenten con un importante componente accionarial o tecnológico extranjero.El decreto establece la obligatoriedad de la homologación, mientras las empresas recurrentes piden que dicho trámite sea voluntario. Para la homologación será precisa la presentación de "planos, listas de componentes y características técnicas" de cada modelo, lo que, según las mencionadas empresas, rozaría la vulneración del secreto industrial.

Fuentes del Ministerio de Industria y Energía señalaron, por el contrario, que la única alternativa a la presentación de la documentación sería la entrega de un modelo completo, "lo que sería mucho más oneroso para las empresas, porque ciertos productos alcanzan un precio elevado".

El decreto establece también la obligatoriedad de presentar, cada año, dos certificados. El primero, una auditoría externa que compruebe que los controles de calidad del fabricante no se deterioran. El segundo, un certificado de un laboratorio autorizado por el ministerio, según el cual el producto en cuestión no, presenta irregularidades de ningún tipo en base al análisis de una unidad tomada al azar. Las fuentes ministeriales dijeron que se trata de una reglamentación equiparable a la del resto de los países europeos".

Polémico decreto

Según las empresas que denuncian el decreto, éste pretende favorecer de manera indirecta a las firmas puramente españolas, "mientras las demás, que representan el 90% del mercado y son, en su mayoría, de capital español, salen perjudicadas".

En el departamento de homologaciones del Ministerio de Industria calificaron de "incomprensible" esta queja, "ya que todas las empresas, sean del país que sean, deben cumplir los trámites establecidos". Las grandes multinacionales del sector electrónico establecidas en España no han mostrado, por el momento, ninguna intención de unirse al recurso a plantear ante la Comisión Europea.

El conflicto por el decreto sobre homologación de autómatas programables industriales es muy similar al registrado anteriormente por los decretos sobre productos informáticos y otros, artículos electrónicos.

En los anteriores casos, sin embargo, las empresas no optaron por presentar queja ante la Comisión Europea, organismo sin poder ejecutivo pero con capacidad para trasladar los problemas al Tribunal de Justicia europeo, cuyas sentencias sí son vincialantes. Actualmente la Comisión estudia una veintena de posibles infracciones de las reglas comunitarias por parte de España.