El juicio definitivo sobre la legalizacion de Herri Batasuna se celebró ayer en el Supremo

El juicio definitivo sobre la legalización de la coalición Herri Batasuna como partido político tuvo lugar ayer en la Sala Primera del Tribunal Supremo. La sentencia, que se conocerá dentro de 15 días aproximadamente, supondrá, en el caso de victoria de HB, su inscripción como partido en el registro del Ministerio del Interior en un plazo de 20 días, lo que equivale a su legalización, o, por el contrario, si triunfa la tesis del fiscal, una declaración judicial de ilegalidad. Herri Batasuna ha ganado en todas las instancias anteriores.

En mayo de 1984, el propio Tribunal Supremo, ratificando una sentencia de la Audiencia Nacional, decidió que Interior debía inscribir en el registro a Herri Batasuna como partido político o iniciar acciones penales contra la coalición. Interior, lejos de inscribir a HB, lo que hubiera supuesto su legalización automática, pidió al fiscal que instara una declaración de ilicitud penal contra HB. El fiscal promovió la ilegalidad de la coalición, pero ni el juzgado de primera instancia numero 15 de Madrid, ni la Audiencia Territorial madrileña encontraron motivos para ello.Ayer se celebró en el Supremo la vista del recurso del fiscal contra la sentencia de la Audiencia Territorial. La sala fue presidida por el magistrado Ángel Escudero del Corral, último presidente del Supremo antes de la reforma del Poder Judicial.

El fiscal, en su intervención, resumió el proceso y reconoció la dificultad de la articulación del recurso debido a las cuatro sentencias que sobre esta cuestión se han emitido por otros tantos tribunales distintos, todas ellas coincidentes en que procedía la legalización.

Según el fiscal, la sentencia de la Audiencia Territorial incurrió en un error al valorar las pruebas, ya que sólo tuvo en cuenta los documentos que exige el registro para la inscripción, es decir, los estatutos presentado por HB y el acta de constitución como partido, pero no la documentación elaborada por Interior, en su mayoría recortes de prensa con declaraciones de algunos dirigentes, y actuaciones de ayuntamientos en los que HB cuenta con mayoría.

El fiscal se planteó el alcance de la ilicitud penal, y si debía ser interpretada en sentido amplio o estricto, ya que sólo las personas físicas, pero no las jurídicas pueden tener responsabilidades penales. Una interpretación amplia, según el fiscal, supondría una limitación del derecho fundamental de asociación reconocido en la Constitución, pero hay que tener en cuenta que todos los derechos fundamentales tienen limitaciones para proteger otros derechos.

Utilización del registro

El abogado Txema Montero, que pidió la legalización definitiva de HB, señaló que el Ministerio del Interior ha utilizado el registro para limitar un derecho fundamental, y recordó que esa práctica ya fue utilizada en tiempos de Arias Navarro con idénticos fines. Aludió a la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó al Partido Comunista de España (marxista-leninista) el derecho a constituirse como asociación sin tener que acatar la Constitución.El letrado puntualizó que Interior se ha opuesto siempre a la legalización porque en los estatutos presentados no figura un acatamientos expreso de la Constitución, ni se recoge que los miembros de la asociación deben ser españoles, pero añadió que ninguno de estos puntos deben ser esgrimidos, porque la Constitución no los exige y supone un agravio comparativo, porque no se han exigido a otros partidos legalizados.

Montero dijo que para resolverla supuesta ilicitud sólo deben estudiarse los estatutos y el acta de constitución de HB como dice la ley y se preguntó: "¿Cómo el fiscal puede pretender la ilicitud por su conducta de una asociación que no está legal mente constituida?". El letrado precisó que es jurídicamente imposible hacer extensiva la responsabilidad penal individual a toda una asociación.

Incapacidad del Ejecutivo

Txema Montero precisó que lo que constituye una incapacidad del Ejecutivo para resolver un problema político no se puede trasladar a tos tribunales para que lo resuelvan.El abogado de Herri Batasuna afirmó que esperaba que la sentencia que dicte el Supremo sea "el punto final de la representación que hemos venido sosteniendo" y que por esa resolución se modifique el sistema suspensivo que ha evitado que HB ejerza sus derechos desde hace tres años.

El letrado concluyó: "Ojalá que en la próxima legislatura se apruebe una ley que modifique la de asociaciones políticas y acabe con este tipo de limitaciones".