La plena integración de Canarías en la CE, una necesidad apremiante

La fórmula elegida, auténtica cuadratura del círculo, ha comportado, en la práctica, un modelo de no integración de Canarias en la CE, al quedar fuera de lo más relevante del acervo comunitario: tarifa exterior común (TEC); impuesto del valor añadido (IVA) y política agraria común (PAC), esenciales en lo que constituye la médula de la comunidad: la Unión: Aduanera. Esta opción había sido previamente aceptada por la Confederación de Empresarios regional, cuya junta directiva firmó el 10 de noviembre de 1983 un documento cuya viabilidad fue cuestionada de inmediato por todos los expertos en asuntos comunitarios y que, en definitiva, sólo sirvió de coartada para que el Gobierno socialista de Canarias la ofreciera como mejor solución a las demás fuerzas políticas. En dicho documento, en el que expresamente se renuncia a la política agraria comunitaria, estamparon su firma los representantes de los empresarios agrícolas, lo que pone de relieve el grado de desconcierto que ha dominado esta cuestión.Pero esta fórmula, que sólo evitó, de momento, la división interna de los partidos y de las organizaciones empresariales, no ha satisfecho a nadie y cada día es mayor el número de sectores económicos que expresan su malestar por la situación en que ha quedado Canarias ante la CE, tratada como un país tercero, e incluso, en algunos casos, peor, no sólo respecto de los países de la propia Comunidad, sino incluso en relación con el territorio peninsular español.

Con independencia de las graves consecuencias económicas, hemos venido denunciando, asimismo, la trascendencia política de tal decisión, agravada, irresponsablemente, por el partido socialista, que gobierna en minoría en Canarias, al llegar a un acuerdo de gobierno -el mal llamado Pacto de Progreso- con partidos escasamente representativos de carácter independentista y africanista, de los que llegó a decir el propio portavoz socialista en el Parlamento regional que pretendían "no, solamente desvincular a Canarias de Europa, sino, a la postre, desvincularla de España".

A nadie ha extrañado que en las tres islas de la provincia de Las Palmas el no a la OTAN en el reciente referéndum haya sido mayoritario, ya que los partidos integrantes del Pacto de Progreso tienen implantación sólo en aquella provincia -la Asamblea Majorera y el Partido de la Revolución Canaria- Por el contrario, en las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife -con la excepción irrelevante del Hierro donde sólo votaron 2.302 personas-, en las que estos partidos independentistas tienen escasa implantación, el sí fue mayoritario, con un elevado número de abstenciones y votos en blanco y nulos, y ello a pesar de la inexplicable postura en contra de la OTAN defendida por el presidente del Partido Reformista en Canarias -en disonancia con la posición del propio partido- y de los insularistas independientes que pretenden com parecer en los próximos comicios y que en la actualidad son la fuerza dominante en el Ayuntamiento de la capital.

El protocolo número 2 del Tratado de Adhesión de España a la CE, lleva por título: "Sobre las islas Canarias y Ceuta y Melilla" por lo que, con evidente confusión, se da el mismo tratamiento a las islas que a dichas ciudades. Pero no debemos olvidar que el apartado 4, del artículo 25 del tratado prevé que "a instancias del Reino de España, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la comisión y previa consulta a la asamblea, podrá decidir la integración de las islas Canarias y de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la Comunidad".

Perjuicios económicos

Raro es el día que no leemos en la Prensa canaria los perjuicios económicos que para Canarias se derivan del modelo de no integración elegido, que, como ha señalado uno de los expertos que con mayor dedicación ha estudiado esta cuestión, el profesor Stefan A. Musto es "el que contiene, a largo plazo, la mayor dosis de inceitidumbre". Titulares como los que a continuación se señalan son corrientes en la Prensa diaria: "Barreras aduaneras en la Península a las flores de Canarias", "Los billetes para vuelos internacionales, más caros en Canarias", "Canarias, en agravio comparativo con países terceros de la CE", "Los contingentes agrícolas, insuficientes", "Las reglas de origen para los productos industriales canarios pueden suponer el fin de la industria en Canarias", "Los importadores protestan por la aplicación de la tarifa especial a los productos que vienen de la Península", "La entrada del plátano en la Península, gravada con el IVA", "El whisky escocés, más caro en Canarias que en la Península"..., etcétera. Se ponen así de manifiesto algunos de los muchos inconvenientes derivados de la situación de Canarias ante la CE.

Sorprendentemente, un infórme de Eduardo Punset sobre el futuro del plátano en Canarias, en el que se recomienda "presionar junto con el resto del sector agrario canario, para conseguir la revisión del régimen de Canarias y la inclusión de ésta en la política agraria común", "ya que incluyendo a las islas dentro del territorio aduanero de la CE las perspectivas para el plátano canario mejorarían", se mantuvo oculto durante meses, hasta que por una filtración se publicó en un periódico de Las Palmas.¿Qué intereses están retrasando e impidiendo, con los graves perjuicios que se derivan para Canarias, la plena integración en la CE, al igual que el resto del territorio peninsular? ¿Cómo es posible que hasta la fecha las organizaciones empresariales y los partidos políticos nacionales de la oposición sólo se hayan limitado a denunciar tímidamente algunos aspectos desfavorables pero sin decidirse a pedir con claridad la plena integración? ¿A qué esperan estos partidos para presentar una moción en el Parlamento de Canarias solicitando la aplicación de la opción uno ante el fracaso de la fórmula elegida?

Sin embargo, los socialistas canarios parecen empecinados en no reconocer el error cometido -tal vez por sus compromisos con los partidos del Pacto de Progreso-, y todavía el propio presidente del, Gobierno autonómico mantiene y defiende la opción dos como la mejor para Canarias. El proyecto del Gobierno autonómico de modificación de nuestro tradicional régimen económico y fiscal, que ha originado fuertes críticas desde todos los sectores económicos, parte: de considerar como definitivo el modelo de no integración en la CE y, al parecer, los partidos de la oposición y las organizaciones empresariales no van a plantear la cuestión de fondo, sino la corrección de determinados aspectos de graves consecuencias para los bolsillos de los contribuyentes, que van a ver muy agravada la presión fiscal. En los próximos meses este asunto será, sin duda, la prueba de fuego para el llamado Pacto de Progreso y puede ser origen de una crisis de incalculables consecuencias para Canarias.

En estos días se ha anunciado en Canarias la fusión de las dos organizaciones empresariales más representativas, que hasta la fecha mantenían posturas encontradas, pero nadie se atreve a pronosticar si será un buen indicio para los europeístas o si por el contrario se fortalecerán las tesis contrarias a la CE. Los que nos sentimos, como canarios, españoles y europeos, sin veleidades africanistas de ninguna clase, deseamos ver a Canarias plenamente integrada en todas las instituciones de Europa, desde la CE hasta la OTAN. Los partidos políticos en Canarias tendrán que adoptar una postura clara sobre tan importante cuestión, que, sin duda, estará presente en las próximas elecciones generales. La plena integración en la CE, sin ambigüedades, deberá figurar en los programas electorales de los partidos que aspiren a ganar dichas elecciones. En otro caso, los ciudadanos tendremos sobrados motivos para desconfiar de sus futuras intenciones.