Condenados a 51 años de cárcel
El 30 de julio de 1982, la Audiencia Provincial de Almería condenó, como autores de tres delitos de homicidio en las personas de los tres jóvenes, al teniente coronel Castillo Quero, al teniente ayudante Manuel Gómez Torres y al guardia Manuel Fernández Llamas, todos ellos pertenecientes a la Guardia Civil, a las penas de 24 años, 15 años y 12 años respectivamente.
La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo el 16 de mayo de 1983, impuso además a los tres militares la separación definitiva del servicio y, en consecuencia y según establece el artículo 244 del Código de Justicia Militar, el cumplimiento de sus respectivas condenas en cárceles ordinarias. En noviembre del mismo año, tras no ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el recurso de amparo presentado por los tres condenados, la sentencia adquirió firmeza.
A partir de entonces, tanto la acusación particular como el ministerio fiscal solicitaron reiteradamente al tribunal sentenciador que se hiciera efectivo el cumplimiento de la condena en cárceles civiles, pero la Dirección General. de la Guardia Civil, estimó que podía crear "agravios comparativos" con otros militares que cumplían condenas similares en. establecimientos no civiles. También se planteó el tema, en el Consejo General del Poder Judicial e incluso la Audiencia Provincial de Almería dirigió un exhorto al Ministerio de Defensa en relación con la separación del servicio de los tres miembros del cuerpo.
Solicitud de indulto
El 14 de octubre de 1985, el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, confirmó a EL PAÍS, que estaba en tramitación una solicitud de indulto para el teniente coronel José Castillo Quero, por su "largos servicios a la patria", solicitado por su esposa. Pocos días más tarde, el 24 de octubre, el Ministerio de Defensa difundió una nota oficial en la que el ministro dictaba la aplicación de la separación del servicio de los tres penados.
Dos días después, Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, ordenó su traslado a establecimientos civiles, que se hizo efectivo al siguiente día, desde la prisión militar de Santa Catalina, Cádiz, a la cárcel de Guadalajara. Precisamente Castillo Quero, preso de segundo grado en esta prisión, ha recibido un permiso de libertad de una semana que concluirá el próximo día 11, por orden del juez de vigilancia penitenciaria competente en la cárcel de Guadalajara.
Este permiso es el más largo de los que se pueden conceder a un recluso de dicha graduación. El 28 de octubre, Carlos Iglesias Selgas, abogado defensor de los tres ex guardias civiles, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la separación del citado cuerpo, "al amparo del artículo 53.2 de la Constitución y disposiciones concordantes". El recurso está pendiente de resolución por la Audiencia Nacional.
