Un diputado del PCE pide que el fiscal actúe contra los jueces que absolvieron a Varón Cobos y Rodríguez Hermida

Fernando Pérez Royo, diputado comunista, solicitó ayer a la Diputación Permanente del Congreso que inste al Gobierno para que dé instrucciones al fiscal general del Estado sobre la posible responsabilidad criminal de los magistrados José Hijas, Fernando Cotta, y Antonio Huerta por la sentencia absolutoria de los también magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos, juzgados por el caso Bardellino. Pérez Royo informó a EL PAÍS que los tres magistrados que votaron afirmativamente la sentencia pudieron incurrir en el delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta).

En su calidad de miembro de la Diputación Permanente del Congreso [que asume las facultades del Congreso de los Diputados cuando, como en este momento, se encuentra disuelto], y al amparo del reglamento de la Cámara, solicitó ayer al mencionado órgano parlamentario que inste al Gobierno lo siguiente: "Que por el Gobierno se proceda a dar instrucciones al fiscal general del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a fin de que estudie si existe responsabilidad criminal en la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo que han votado afirmativamente la sentencia que absuelve a los magistrados don Ricardo Varón Cobos y don Jaime Rodríguez Hermida y, en su caso, formule las acciones pertinentes en derecho".Preguntado por EL PAÍS sobre el tipo de responsabilidad apreciable en la conducta de los tres magistrados citados, Pérez Royo -además de parlamentario, catedrático de la Facultad de Derecho de Sevilla- declaró que "existen indicios de actuaciones irregulares que podrían incurrir en el delito de prevaricación, por la incoherencia entre los hechos probados en la vista oral y el fallo absolutorio de la mayoría de la sala".

El miembro de la Diputación Permanente del Congreso explicó que su iniciativa parlamentaria está motivada por el deseo de "preservar el prestigio de la gran mayoría de los magistrados españoles".

Fernando Pérez Royo aseguró que la medida adoptada se hace "con absoluto respeto", dijo, "a la independencia del poder judicial". En cuanto a la procedencia de la solicitud, en un momento en que se encuentran disueltas las Cortes Generales, recordó que "las diputaciones permanentes, según la Constitución, tienen la función de 'velar por los poderes de las Cámaras', y la del Congreso no puede quedarse callada ante un asunto que está comentando toda la opinión pública y que ha producido indignación en numerosos ciudadanos".

Peces-Barba no opina

EL PAÍS trató de obtener una primera impresión del presidente de la Diputación Permanente del Congreso, el socialista Gregorio Peces-Barba, quien hizo llegar al periódico que no tenía "nada que decir". Según el vigente reglamento del Congreso de los Diputados, "corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de las Cámaras cuando estas no estén reunidas" y, entre otras funciones, convocar sesiones extraordinarias sobre un orden del día determinado.

La actual Diputación Permanente, constituida como consecuencia de la reciente disolución de las Cámaras, está formada por 39 miembros del disuelto Congreso de los Diputados, distribuidos en proporción a la importancia numérica de los grupos parlamentarios.

En caso de que la Diputación Permanente del Congreso se reuniera para estudiar el escrito del diputado Pérez Royo, y si se produjera su eventual aprobación -decisiones ambas que quedan en manos de la mayoría socialista-, el paso siguiente sería que el Gobierno, en cumplimiento, del acuerdo parlamentario, instara al fiscal general del Estado a estudiar la posible responsabilidad criminal de los tres magistrados.

La comunicación al fiscal general del Estado, de acuerdo con lo que establece el Estatuto organico del Ministerio Fiscal, debería de hacerse a través del ministro de Justicia o por el presidente del Gobierno, si éste lo considerara necesario. Según establece también el estatuto por el que se rige el Ministerio Público, "el fiscal general del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada".

Por otra parte , el Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid expresó ayer una opinión "muy negativa" sobre la mencionada resolución judicial. "El hecho de que ante hechos delictivos tan claros comó se exponen en los votos particulares de los magistrados Luis Vivas Marzal y Juan Latour Brotons, no se haya producido una sentencia condenatoria, pone de manifiesto", afirma, "la reticencia de los jueces a condenar a sus propios compañeros, en grave perjuicio de un principio tan elemental como es el de igualdad ante la ley".