La Administración denuncia el intento de cobro a Rumasa de 250 millones de pesetas en pagarés falsos

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, cuyo titular es Luis Lerga, ha admitido a trámite la denuncia formulada por los administradores de Rumasa, SA, propiedad del Patrimonio del Estado tras la expropiación, por hechos presuntamente constitutivos de delitos de falsedad y estafa. Estos delitos están relacionados con el intento de cobro a Rumasa de cerca de 250 millones de pesetas en una orden de pago y en un pagaré bancario, que la Administración denuncia como extendidos después del 23 de febrero de 1983, fecha de la expropiación del holding. La denuncia va dirigida directamente contra el abogado catalán Andrés Eugenio Flores Cazorla y José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada.

La denuncia fue presentada el pasado 17 de enero ante el Juzgado Central de Instrucción número 3, quien la remitió a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid, donde actualmente se instruye en el citado juzgado número 4. José María Ruiz-Mateos y sus abogados, tras ser, consultados por este periódico, declinaron ayer cualquier comentario en tomo a este caso.Flores Cazorla reclama a Rumasa, por un lado, el pago de cerca de 38 millones de pesetas, correspondientes a dos minutas de honorarios devengadas por unos servicios de asesoría legal, cantidad reconocida en una carta de pago de fecha 26 de enero de 1983 y que el Patrimonio del Estado argumenta que fue extendida después de la expropiación, siendo, por lo tanto, falsa. En la carta, Ruiz-Mateos da su conformidad y promete el pago de esa cantidad, que Flores Cazorla ya se ha embolsado en virtud de acción ejecutiva.

Por otro lado, Flores reclama la ejecución de un pagaré por importe de 210 millones de pesetas, firmado por el ex presidente de Rumasa en fecha de 29 de junio de 1982, que la Administración del Estado tacha de falsa. Ambas operaciones no figuran registradas en documentación alguna de la Rumasa expropiada.

Ambos documentos tuvieron su origen en la relación comercial entablada en junio de 1982 entre la firma Ingoil, SA, sociedad instrumental de Rumasa, y varios tecnicos -entre los cuales figuraba el propio Flores Cazorla, en calidad de asesor jurídico- de la Refinería de Petróleos de Tarragona. Estos técnicos vendieron a Ingoil un proyecto para el aprovechamiento de determinados residuos sólidos y su conversión en hidrocarburos. Por parte de Ingoil actuaba el abógado Federico Martrat, del despacho barcelones de Ros Petit.

Si los técnicos de la citada refinería demostraban la capacidad industrial del sistema, Ingoil y, por tanto, Rumasa se comprometía a abonar a los descubridores 300 millones de pesetas, en 6 títulos pagarés de 50 millones de pesetas cada uno, que quedaron depositados y retenidos ante el notario Manuel Ocaña Campos, de Barcelona.

Invento fracasado

Sin embargo, después de realizadas diversas pruebas no quedó demostrada la capacidad industrial del invento, por lo que el 13 de diciembre de 1982 y ante el mismo notario de Barcelona, Manuel Ocaña, se declaró resuelto y anulado el contrato firmado entre ambas partes el 29 de junio de 1982, con la consiguiente cancelación del compromiso de pago y restitución de los citados pagarés a Ingoil, SA. El despacho de Ros Petit cursó a la sociedad de Rumasa la minuta de los honorarios devengados por su asesoramiento a Ingoil, "en conversaciones y entrevistas con los inventores y su letrado, Flores Cazorla". Los honorarios ascendían a 1,5 millones de pesetas.

De acuerdo con la denuncia presentada por la sociedad Rumasa, SA, son estos trabajos de asesoramiento realizados por el despacho de Ros Petit los que después ha presentado Flores Cazorla -que asesoró precisamente a la parte contraria- como por él realizados; trabajos que valóra en 37,8 millones de pesetas, por un lado, y en 210 millones, correspondientes al pagaré, por otro. En total, 247,8 millones de pesetas.

La carta de pago que exhibe Flores Cazorla en su reclamación de 37,8 millones, firmada y rubricada por José María Ruiz-Mateos, señala que los "devengos de referencia son de nuestra total y plena conformidad. Consecuentemente, te participo que Rumasa te pagará en su domicilio social el día 10 de mayo del año en curso (1983), en concepto de honorarios profesionales devengados en interés de esta compañía".

De acuerdo con la Administración española, las firmas de Ruiz-Mateos o bien han sido falsificadas por Flores Cazorla o han sido ejecutadas por el propio ex presidente de Rumasa, de acuerdo con aquél, con posterioridad a la fecha de la expropiación, puesto que no existe en los archivos ni en la contabilidad de Rumasa el menor reflejo de la supuesta orden de pago.

Otro tanto ocurre con el pagaré de 210 millones de pesetas, supuestamente emitido el 29 de junio de 1982, el núsmo día en que fueron invalidados los seis pagarés acordados entre Ingoil y los técnicos de la Refinería de Tarragona, "cuya suma es equivalente al 7% del total del importe del precio fijado en el contrato de adquisición de derechos otorgado por Ingoil SA", según reza el texto del pagaré. La Administración afirma que "ha sido producido y creado con posterioridad al 23 de febrero de 1983" y no existe en los archivos ni en la contabilidad de Rumasa el menor reflejo ni copia.

Recurso a la vía ejcutiva

Ante la negativa de la nueva Rumasa a aceptar el abono de ambos conceptos, Flores Cazorla procedió sin más dilación por la vía ejecutiva, que sigue su curso paralelamente a la vía penal ahora iniciada. La orden de pago por 37,8 millones fue presentada a ejecución el 7 de julio de 1983 en el juzgado de Primera Instancia número 4 de Barcelona, mientras el pagaré lo fue el 4 de octubre del mismo año ante el juzgado número 13 de la misma ciudad, y se citó a José María Ruiz-Mateos para que reconociera como auténtica su firma en ambos documentos. Como Ruiz-Mateos se encontraba en esa fecha en el extranjero, el trámite judicial concluyó con la declaración de confeso (dar por buena la firma del empresario), a los efectos de ejecución contra los bienes de Rumasa, SA.

Para evitar el embargo y previa demanda ejecutiva de Flores Cazorla contra Rumasa, el grupo debió consignar ante ambos juzgados 40,3 millones de pesetas (principal y costas) por la orden de pago referida, y 215 millones de pesetas (principal más intereses, gastos y costas) del pagaré citado.

La Administración española urgumenta, pues, en su denuncia que, como consecuencia de la supuesta creación de ambos documentos, ha sido defraudada en 255,3 millones de pesetas. Flores Cazorla ya ha percibido 37.870.000 pesetas como resultado del procedimiento ejecutivoseguido ante el juzgado número 4 de Barcelona.