Una propina de 210 millones

Los hombres de la Rumasa nacionalizada tuvieron conocimiento de este nuevo problema a las pocas semanas de la expropiación. El abogado barcelonés Andrés Eugenio Flores Cazorla se presentó por las oficinas del holding, en el paseo de Recoletos de Madrid, poco tiempo después del gran evento, para anunciar al entonces administrador general, Jaime Isac, de la existencia a su favor de una carta de pago por 37,8 millones de pesetas. Como Rumasa le comunicara posteriormente su negativa a atender ese compromiso, por no figurar registró alguno en los archivos del grupo, Cazorla anunció el recurso al procedimiento ejecutivo, al tiempo que, de propina, reveló la existencia del pagaré de 210 millones de pesetas.

Por aquellas fechas, el tema llovía sobre mojado en la Rumasa nacionalizada, donde habían sido detectados diversos intentos de cobro, mediante letras de cambio, de fuertes sumas de dinero por distintas personas que acudían al amparo de reconocimientos de deuda aparentemente firmados por José María Ruiz-Mateos. En algunos casos se trataba de deudas ficticias, creadas o hipertrofiadas con posterioridad a la expropiación de Rumasa, con el objeto de defraudar a la misma aprovechando la confusión creada en los primeros tiempos de la expropiación.

La Administración remitió el asunto al Juzgado Central de Instrucción, con la intención de que fuera incorporado al sumario principal del caso Rumasa. Pero Lerga, aún por aquel entonces magistrado instructor del sumario 10/83 de Rumasa, previa consulta a los fiscales, determinó que no había relación entre ambos casos, salvo en lo referente a la persona de José María Ruiz-Mateos, y optó por remitir la denuncia a los juzgados de la plaza de Castilla, donde ha permanecido cierto tiempo parada sin asignación a un juzgado concreto.

Al final ha resultado ir a parar al Juzgado número 4, cuyo titular, ironías del destino, es ahora Luis Lerga. El ya famoso juez del caso Rumasa, que pretendió quilltarse el nuevo muerto Rumasa de encima, se ha visto de rebote otra vez envuelto en él, tras cesar como instructor del sumario principal.

Mientras tanto, el procedimiento ejecutivo instado por Flores Cazorla sobre el pagaré de 210 millones de pesetas sigue su curso en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid. Con la admisión a trámite de la denuncia, los administradores de Rumasa esperan conseguir paralizar el procedimiento de ejecución de este pagaré.