La justicia francesa concede la extradición de un presunto cómplice de Mezquida
La sentencia de la Corte de Apelación de Montpellier, hecha pública en la mañana de ayer, ha informado favorablemente al Gobierno francés respecto de la extradición de José Antonio Díaz Gabela, que había sido solicitada por el Gobierno español a instancia del Juzgado de Instrucción número 2 de Figueres (Alt Empordà). Díaz Gabela está acusado de cometer diversos atracos, en supuesta complicidad con el ex alcalde de la Jonquera, Josep María Mezquida.El tribunal francés no ha atendido la petición de asilo político presentada por Díaz Gabela, que asegura pertenecer a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), según dijo en la vista oral su abogado, Pierre Parrat, que no presentó ninguna prueba documental ni testifical de tal afiliación. El Gobierno francés tiene ahora un mes de plazo para firmar la extradición y entregar a las autoridades españolas a Díaz Gabela.
La corte de apelación se reservó, por otra parte, la decisión sobre la extradición de Eduardo Solé Forasté, solicitada asimismo a instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de Figuerés. El tribunal francés anunció su pronunciamiento para el próximo 3 de junio, "una vez conocido el resultado de la petición de nacionalidad cursada por Solé Forasté".
Contradicciones y negaciones
Jordi Seguí, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Figueres, cursé la solicitud de extradición de Díaz Gabela y Solé Forasté, por su presunta implicación en los atracos a la sucursal de Banca Catalana y el domicilio del comerciante Biurrún, en el barrio fronterizo de Els Límits. Según la versión policial, Díaz Gabela fue autor material de los atracos y Solé proporcionó las armas y el vehículo utilizados en la acción.
Ambos encausados señalaron al ex alcalde de La Jonquera, Josep Maria Mezquida, también procesado y actualmente en libertad bajo fianza, como organizador de los asaltos.
Sin embargo, Solé y Díaz Gabela se dirigieron posteriormente al juez Seguí y negaron la veracidad de sus primeras declaraciones, que calificaban de "montaje policial". Díaz Gabela denunció torturas de los policías franceses y presentó ante el juez de Perpiñán una certificación del médico de la cárcel, según la cual presentaba un pómu lo roto.
En el acto de vista oral de la extradición, Solé y Díaz Gabela alegaron su vinculación a grupos de extrema derecha y el abogado defensor, Pierre Parrat, afirmó que sus clientes eran miembros de los GAL.
Los dos encausados han cumplido ya la condena de seis meses por "tenencia ilícita de armas" que les impuso un tribunal de Perpiñán y permanecen ahora en la prisión de Montpellier a la espera del final de su proceso de extradición.
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