José María Ruiz-Mateos estafó al Estado después de la expropiación de Rumasa, según fuentes policiales

José María Ruiz-Mateos estafó al Estado después de la expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, según fuentes policiales. La estafa se realizó utilizando letras de cambio firmadas posteriormente a la medida adoptada por el Gobierno, pero en las que se reflejaba una fecha anterior a la expropiación, para que el Estado se hiciera cargo de estas obligaciones. El Gobierno autorizó -como cebo para demostrar la operación- el pago de letras por valor de 20 millones de pesetas, cobrados por el ahogado Rafael Oños Caro, representante de los intereses de Ruiz-Mateos en Sevilla y principal supuesto implicado en estas operaciones detectadas por la Brigada de Interior, dirigida entonces por el subcomisario Mariano Baniandrés. Ruiz-Mateos ha negado en el sumario que firmara esas letras de cambio y argumenta que su rúbrica fue falsificada.

El entonces director general del Patrimonio del Estado, Javier Moral, ha reconocido a este periódico que, efectivamente, se autorizó el pago de esas letras firmadas supuestamente: por Ruiz-Mateos, por un importe total de 20 millones de pesetas, a, su abogado-representante Rafael Oños Caro, detenido en Sevilla el 2 de noviembre de 1983 y procesado por malversación de caudales públicos. Según Moral, el pago fue autorizado para que la policía pudiera seguir las investigaciones y detener a todos los implicados en una importante estafa al Estado, detectada por esta brigada policial, que supuestamente llevaba a cabo Ruiz-Mateos después de la expropiación de Rumasa.Según las investigaciones de la Brigada de Interior, Ruiz-Mateos disponía de un flincionario de la Casa de la Moneda que le facilitaba letras que ya estaban fuera de circulación por su antigua numeración, y un notario levantaba protocolo falso de determinadas operaciones, de forma que las letras ilegales eran firmadas por Ruiz-Mateos después de la expropiación, pero con fecha anterior a ésta, con el fin de que el Estado -la Rumasa expropiada- se hiciera cargo de las mismas. Las letras debían ser cobradas por particulares implicados en la operación, que después repartían el dinero según habían convenido.

El subcomisario Mariano Baniandrés y el inspector Juan José Medina Lozano informaron a Javier Moral de la operación. Moral ha confirmado que el sistema consistía en que Ruiz-Mateos firmara letras a particulares como si Rumasa, les debiera determinadas cantidades de dinero, presuntamente por compra de alguna empresa. Las letras se conseguían ilegalmente, el notario levantaba procotolo falso y las letras eran firmadas a nombre de un particular implicado en la operación, que cobraba y repartía posteriormente el dinero. Las letras eran firmadas después de la expropiación, pero con fecha anterior a ésta, para hacer creer que el Estado se debía hacer cargo de las mismas.

Moral reconoce que vio las letras por valor de 20 millones con la firma de Ruiz-Mateos, primero en blanco, fotocopiadas, junto a un ejemplar de EL PAÍS de fecha posterior a la expropiación y posteriormente fechadas antes de la medida del Gobierno. Aunque afirma que el sistema era un poco compilicado y la Rumasa expropiada estableció un severo control en la contabilidad, Javier Moral puso en funcionamiento la operación para detectar a los estafadores y trasmitió todo el informe recibido por los miembros de la Brigada de Interior al ministro de Economía, Miguel Boyer, y al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

Mariano Baniandrés, jefe de la Brigada de Interior, decidió investigar a fondo el caso Rumasa al detectar la preocupación existente en altos niveles del partido socialista y del Gobierno para que se encontraran pruebas de suficiente peso que justificasen la medida expropiatoria del Ejecutivo. El policía Juan José Medina Lozano -posteriormente procesado en este caso por supuesta malversación de fondos- investigó, junto con el empresario del alcohol José Moisés Domínguez Saiz -confidente de la Dirección General de Aduanas y procesado también en el caso-, esta estafa con malversación de caudales públicos.

Ambos estaban investigando paralelamente el tráfico internacional del alcohol y seguían la pista muy de cerca al industrial Román Cantarero, propietario de la empresa madrileña Alcoholeras Reunidas. En esas investigaciones, Medina conoce, a través de Domínguez, al abogado de Ruiz-Mateos en Sevilla, Rafael Oños Caro. Éste es quien les comenta la operación fraudulenta, para lo cual deben cobrarse las primeras letras de 20 millones para pagar al funcionario de la Casa de la Moneda y al notario, y posteriormente se firmarían otras por cantidades muy superiores, a nombre de Moisés Domínguez como pago a una supuesta compra de una de sus empresas del alcohol que se llamaba Skil, SA. Las letras irían a nombre de Domínguez, que sería el encargado de cobrarlas y posteriormente repartir el dinero.

Obviamente, Medina no es presentado como policía, sino como abogado de Domínguez, para concretar la operación con el representante de Ruiz-Mateos, el abogado Rafael Oflos Caro. En estas reuniones, Oños les enseña las letras en blanco, que Medina fotocopia junto con EL PAÍS de la fecha -posterior a la expropiación-, y, según las investigaciones policiales, Oños se traslada posteriormente a Londres, de donde regresa con las letras supuestamente firmadas por Ruiz-Mateos.

Letras y fotocopias

Baniandrés y Medina se desplazan entonces al despacho de Javier Moral, del que dependía la Rumasa expropiada, y le enseñan la fotocopia con las letras en blanco y posteriormente firmadas con fecha anterior a la expropiación. Le explican en qué consiste la estafa y cómo está preparada la operación. Como anécdota, Baniandrés y Medina comentaron al director general del Patrimonio la falta de medios con que contaban en la brigada para llevar a cabo la investigación, e incluso le solicitaron vehículos para poder seguir a los implicados. Moral se los facilitó inmediatamente.

El Gobierno autorizó a la Rumasa expropiada el pago de las primeras letras de 20 millones, como ha reconocido a este periódico Javier Moral, quien precisa que se autorizó con el fin de que la policía pudiera concluir sus investigaciones.

Sin embargo, a los dos días de que Baniandrés y Medina informaran a Moral de la estafa en el despacho de éste último, el ministro del Interior, José Barrionuevo, cesó al jefe de la Brigada de Interior. Su sucesor, Alberto Elías -procesado actualmente por infidelidad de documentos en el sumario Rumasa-, no consiguió concluir la operación con éxito.

Según las investigaciones policiales, el funcionario de la Casa de la Moneda conseguía letras que debían haber sido retiradas de la circulación por su numeración antigua. Estas letras eran utilizadas posteriormente, mientras el notario levantaba protocolo falso de esas operaciones. El notario dejaba algunos números de su registro en blanco, de forma que luego registraba en ellos operaciones que se llevaban a cabo posteriormente a la expropiación. Las letras se firmaban con fecha anterior a la expropiación, como si Rumasa pagara a particulares supuestas deudas contraídas por la compra de alguna empresa o cualquier otro rricitivo, según explica Moral.

El director general del Patrimonio reconoce que el dispositivo se puso en marcha para descubrir toda la operación, a pesar de que en los libros de contabilidad de la Rumasa ya expropiada no figurarían esas letras y seguramente, no se hubieran pagado.

Fuentes policiales información que en esas fechas se detectó lasupuesta compra de la empresa de Moisés Domínguez que era el cebo para desarticular a los implicados, pero había otras operaciones en marcha de este mismo tipo. El policía Juan José Medina fue quien descubrió los zulos de Rumasa donde se encontraban los balances económicos de las empresas del holding, datos fundamentales que aclararon la situación del grupo de Ruiz-Mateos.