Miquel Roca participó en una reunión para coordinar la defensa del 'caso Catalana'
Miquel Roca, secretario general de Convergéncia Democrítica de Catalunya y máximo dirigente de la operación reformista, asistió a la reunión que los abogados defensores de los ex consejeros de Banca Catalana celebraron el pasado 11 de abril. Este contacto se celebró en el despacho del letrado Josep Joan Pintó Ruiz, especialista en Derecho Civil, ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona y presidente de La Caixa de Barcelona. Pintó es, además, desde el mes de agosto de 1984, el encargado de coordinar a los letrados defensores de los ex consejeros. La reunión se celebró en la víspera del último Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona.
Los otros 13 abogados asistentes fueron Miquel Casals Colldecarrera, Alberto Almazor, Joan Córdoba, Enric Granados, Pedro Alcántara, Manuel Serra Domínguez, Francesc Segura de Luna, Joan Carles Piqué Hernández, Joan Piqué Vidal, María Eugenia Olivar, Joan Emilio Zegrí y Federico de Valenciano.La reunión del pasado 11 de abril es la cuarta celebrada por los abogados defensores desde que el Fiscal General del Estado presentó la querella contra los ex consejeros, hace dos años. Fue la segunda convocada por Josep Joan Pintó desde que ejerce la coordinación de todo el grupo de letrados. Las otras habían sido convocadas por Joan Piqué Vidal, uno de los abogados de Jordi Pujol, quien cesó a petición propia como coordinador general para que el grupo de defensores le sustituyera por un letrado que no tuviera ningún cliente individual implicado en la querella.
Los asistentes a la reunión discutieron diversos aspectos técnicos referidos a las defensas y comentaron algunas cuestiones políticas, como las declaraciones que había realizado el delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín, o los rumores que habían circulado sobre un posible relevo en la Fiscalía General. Pero la sesión estuvo centrada en analizar la presentación de un borrador de conclusiones y peticiones de procesamiento por parte de los fiscales encargados del caso, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo. Este borrador fue entregado a Burón Barba el pasado 21 de marzo.
Miquel Roca, que también es abogado, no ha querido comentar su presencia en la reunión a pesar de las reiteradas preguntas que en relación a este tema le han sido formuladas desde el pasado 17 de abril, fecha en que este periódico publicó la noticia de su celebración.
Por otra parte, el juez instructor de la causa, Ignacio de Lecea, dictó el pasado 17 de abril una providencia aceptando a trámite dos de las tres últimas pruebas reclamadas por los fiscales. Ambas hacían referencia a las entidades financieras y empresariales vinculadas a Banca Catalana. Queda pendiente una tercera, solicitada por los fiscales al Fondo de Garantía el pasado mes de noviembre y que fue planteada al juez De Lecea a finales de febrero. Con la tramitación de estas pruebas quedará definitivamente concluida esta primera fase.
Las elecciones
El juez instructor aseguró a este diario que "las elecciones no interferirán en la marcha del procedimiento", y añadió que cuando termine técnicamente la instrucción de la causa, sea cual sea el calendario y la situación política, él presentará el sumario al Pleno de la Audiencia. De Lecea afirmó también que la situación procesal no permite hacer conjeturas, y que no debe descartarse la posibilidad de que las nuevas pruebas aportadas provoquen la petición de otras. "Es imposible saber con exactitud en que fecha finalizará la instrucción de la causa", añadió.En unas posteriores declaraciones a Europa Press, De Lecea afirmó que aún suponiendo que la instrucción de la causa finalizara antes del 22 de junio, fecha de las elecciones, el Pleno de la Audiencia no resolverá sobre el procesamiento de los querellados, por razones técnicas, ya que los 50 magistrados seguramente querrán estudiar la causa.
Para que el examen del sumario de los magistrados no dilate la tramitación de la causa, De Lecea sugiere la posibilidad de que los miembros del Pleno de la Audiencia Territorial celebren reuniones parciales con el ponente del caso o que el propio De Lecea mantenga reuniones con los demás magistrados. A juicio de Ignacio de Lecea si el ministerio fiscal presenta antes el escrito de petición de procesamiento "se puede torcer el rumbo del sumario, en el sentido que se puede provocar una decisión más urgente del pleno".
