La mutualidad de la discordia

La mutualidad que debería sustituir a la ITP, cuyo proyecto ha sido rechazado por los trabajadores de Telefónica en el referéndum de ayer, debería haberse constituido con un fondo inicial de 30.481 millones de pesetas. De ellos, 6.274 millones procederían de la ITP, 3.000 millones de la compañía, 2.457 millones del saldo acumulado del seguro de sueldo y 18.750 millones del aplazamiento, por parte del Ministerio de Trabajo, de la cantidad total que se tendría que haber ingresado en la Seguridad Social para hacerse cargo de los pasivos. La financiación de la nueva mutualidad se realizaría mediante la aportación de Telefónica -que cotizaría el 5,6% del salario regulador, teniendo en cuenta que un punto equivale a unos, 1.200 millones de pesetas anuales- y de los trabajadores, que soportarían una cotización del 2,4% sobre la misma base.A cambio, la nueva mutualidad ofrecía, entre otras, las siguientes prestaciones: los jubilados a 31 de diciembre de 1985 tendrían reconocido el 100% de la pensión de la ITP que tuvieran en aquella fecha; los empleados en activo tendrían una jubilación complementaria equivalente al 15% del salario regulador cuando cumplieran 62 años y 40 de antigüedad; la pensión de viudedad se establecía en el 20% del salario regulador; las prestaciones por muerte o invalidez sería de cuatro anualidades (ocho si se hubieran producido, por accidente); los trabajadores que el 1 de enero de 1986 tuvieran edades comprendidas entre los 55 y 65 años recibirían una cantidad equivalente a multiplicar por cuatro el primer millón de su último, salario anual en activo; las bajas por enfermedad, maternidad y accidentes se complementarían, a cargo a la empresa, hasta el 100% del salario real. El resto de los empleados tendría un capital de siete millones de pesetas, cuya financiación estaría a cargo de Telefónica, al cumplir los 65 años y 35 de servicio.