Rechazada la posición corporativista del anterior Consejo

, La sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve los conflictos planteados por el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Congreso y el Senado ha sido valorada en sectores jurídicos progresistas como el rechazo de plano de las posiciones corporativistas mantenidas por el Consejo, presidido por Federico Carlos Sainz de Robles, cuya falta de legitimación ha impedido al alto tribunal entrar en el fondo del conflicto.

Desde sectores conservadores se ha destacado que la sentencia no aborda en profundidad la constitucionalidad del nuevo sistema de elección de los 12 vocales judiciales del Consejo.

La pretensión del CGPJ de asumir la representación de todos los jueces y magistrados y la reivindicación, en nombre de ellos, de un supuesto derecho electoral personal y subjetivo, ha sido desautorizada duramente por el Tribunal Constitucional.

Éste es el aspecto que más se resalta en medios progresistas de la judicatura, en los que se recuerda que, frente a las declaraciones recientes de Federico Carlos Sainz de Robles sobre la falta de independencia del actual podier judicial, el máximo intérprete de la Constitución sefiala, por el contrario, que la pretensión de asumir desde el CGPJ la representación de jueces y magistrados, "estaría en contradicción con el principio constitucional de independencia de jueces y magistrados".

El portavoz del nuevo Consejo, Juan José Martínez Zato, destacó precisamente que la representación judicial no compete al CGPJ, por lo que "hay que considerar plenamente válido", dijo, "lo que en su día legislaron los representantes del pueblo en el Congreso y en el Senado". Martínez Zato aseguró que, con esta sentencia, queda zanjado el asunto de la independencia judicial y subrayó que atentar contra la independencia de jueces y magistrados es un delito y como tal debe ser tratado.

El presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio PecesBarba -quien fue informado telefónicamente de la sentencia por el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente-, declaró que la resolución adoptada "es lógica y no había resquicio para otra cosa". Afiadió que la esperaba, "porque el parlamento está legítirnado", dijo, "para elaborar y aprobar las leyes. Es algo de sentido común en derecho".

El recurso pendiente

Por su parte, el portavoz para temas jurídicos del Grupo Parlamentario Popular, José, María Ruiz Gallardón, afirmó que, en su sentencia, el Tribunal Constitucional "no se pronuncia de ninguna manera en favor de la elección efectuada por el Congreso y por el Senado de la totalidad de los miembros del CGPJ". Añadió que sobre esta materia sólo se pronunciará el alto tribunal con ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por su grupo contra la ley orgánica del poder judicial.

Ruiz Gallardón lamentó el retraso en la resolución de dicho recurso, que en su opinión crea inseguridad jurídica, y anunció el "más solemne propósito" de la Coalición Popular de consagrar, en cuanto tenga posibilidades para ello, Ia independencia de los jueces, solo garantizada por la desvinculación del nombramiento de su órgano de gobierno de los otros poderes del Estado". Aseguró asimismo que una verdaderamente progresista interpretación de la Constitución "exige una inequívoca participación de los jueces en su autogobierno".

El magistrado José Gabaldón, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y de tendencia muy conservadora, tras asegurar que no había podido leer todavía la sentencia, por el sentido del fallo, adelantó una opinión sobre la resolución del alto tribunal: "Me produce tristeza, porque pensábamos que los conflictos planteados por el poder judicial estaban llenos de contenido jurídico y de fundamentos suficientes como para ser estimados".