Racismo y discriminación

Con lógica perplejidad leímos la carta de réplica del señor González Llorente (véase EL PAÍS del 19 de marzo). Parte interesada en el tema, no podemos pasar por alto las aberraciones e inexactitudes, sesgadas y tendenciosas, que contiene, porque falta a la verdad, al honor y a la imagen de personas, indebidamente nominadas, entre ellas nuestra compañera Araceli Heredia Amador.El señor González Llorente hace trampa: amparado en la Ley 2/1984, enhebra puntualizaciones que nada tienen que ver con el reportaje de EL PAÍS de 5 de marzo, salvo en cinco líneas, alusivas a su persona, ciertamente equivocadas por un lapsus de Araceli recogido por el periodista.

El señor González Llorente abusa de la hospitalidad de EL PAÍS, sorprende su buena fe y confunde a los lectores; oscurece el asunto y mezcla sus fobias con excusas no pedidas, que manifiestamente le acusan, y acusaciones que se vuelven en su contra.

Sintiéndose "injustamente atacado", el señor González Llorente resuelve su manía persecutoria en trenos contra supuestos contubernios de manos negras, conjuras y manipulaciones sindicales: rémora de épocas, por fortuna periclitadas, en que los detentadores del poder amordazaban a sus críticos o dinamitaban los periódicos canallescos que se atrevían a hacer públicas sus vergüenzas.

El señor González Llorente que otorga poderes notariales titulándose abogado de profesión no puede desconocer que un auto de procesamiento no es una sentencia firme. Habla de "injurias graves" contra su persona, y falta el principio constitucional de presunción de inocencia; confunde, a sabiendas, indicios con delitos, y aproxima a tan grave imputación la publicidad nominal de personas del comité de empresa del Instituto Municipal de Deportes (IMD) que pretenden defender los derechos de una contratada laboral fija del mismo.

González Llorente afirma que "Araceli Heredia fue trasladada al polideportivo de San Cristóbal de los Angeles ( ... ) por razones de servicio". El concejal Moral, presidente del Patronato del IMD, testificó, en el pleno municipal del 31 de enero, que el traslado de Araceli se debió a "cautela por parte de la dirección del IMD hacia la señora Araceli Heredia".

Para la comisión de justicia de Presencia Gitana, ambos testimonios son contradictorios entre sí y además inciertos. Las razones de servicio que incumplen requisitos esenciales constituyen fraude de ley; las cautelas, además de inconstitucionales, en los términos en que se formularon, resultaron discriminatorias.

El espacio de una rectificación no permite extenderse en demostraciones, pruebas y argumentos (que Presencia Gitana pone a disposición de EL PAÍS y de sus lectores, si se lo requieren), ni rebatir más puntos de la carta. Quede constancia empero de que nada tiene que ver cuanto rectifica el señor González Llorente con la información de EL PAÍS, salvo el haberle confundido Araceli con el señor Ruiz Lage, debido al nerviosismo de su comparecencia.

Conste también que, pese a la inusitada rapidez (75 días, en un país donde los pleitos duermen durante años en los juzgados por acumulación de causas y lentitud judicial) con que la querella del señor González Llorente se hizo auto de procesamiento, no es una sentencia firme. Y su caso -dicho sea en términos de estricta defensa- no se tiene en pie. Esta asociación ha llevado el posible hostigamiento a Araceli Heredia ante una comisión parlamentaria de derechos humanos y otras instancias para defender su mejor derecho, y profundizará en el esclarecimiento de los antecedentes y consecuencias del contencioso en que se ha visto envuelta y victimada.

Concluimos lamentando las confusiones sembradas por el señor González Llorente y sus ataques y amenazas a las libertades -sindical y de información- de ciudadanos y periódicos (como El PAÍS), vertidos en cartas como la suya-

Presidente de la comisión de Justicia de la Asociación Nacional Presencia Gitana.