El Gobierno recurrirá contra un acuerdo administrativo que fija en el 80% el valor de las acciones de Galerías Preciados

El Gobierno va a interponer en breve un recurso ante la Audiencia de Madrid al haber declarado lesivo el acuerdo adoptado por el Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, que fijaba el valor (justiprecio) de las acciones de los aproximadamente 20.000 accionistas minoritarios de Galerías Preciados que había en el momento de la expropiación de todas las empresas de Rumasa en el 80%. De hacerse firme este acuerdo, el Estado debería desembolsar en torno a unos 4.000 millones de pesetas.

El pasado mes de julio, la Dirección General del Patrimonio del Estado elevó al Jurado de Expropiación de Madrid su hoja de valoración de las acciones de Galerías Preciados, estimando su valor a efectos de justiprecio en cero pesetas. El Patrimonio del Estado llegó a ofrecer en su momento a los representantes de los accionistas minoritarios, ajenos al grupo Rumasa, una valoración de sus acciones -en el momento de la expropiación cotizaban en bolsa al 26%- del 50%, que éstos rechazaron.

Desde un primer momento, la Administración intentó llegar a un acuerdo con los representantes de los accionistas minoritarios como los logrados en casos similares con otras empresas del grupo de Rumasa, sin que ello fuera posible dado que la valoración que ellos presentaron en su correspondiente hoja de aprecio se elevaba al 145%. La oferta de la Administración tenía un coste para el Estado próximo a los 1.500 millones de pesetas, mientras que las aspiraciones de los accionistas minoritarios representaban un coste para el Estado cercano a los 5.000 millones de pesetas.

El recurso que tiene decidido presentar el Gobierno ante la Audiencia de Madrid mantendrá las mismas premisas contempladas en la hoja de aprecio enviada al Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, y en concreto insistirá en el valor cero para el justiprecio de las acciones de Galerías Preciados.

El Estado, contra el Estado

La decisión del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, fijando el valor de las acciones en el 80% -valor intermedio teórico entre las peticiones de los accionistas y la oferta que el Patrimonio del Estado llegó a hacer en su día-, provoca una situación jurídica peculiar en la que el Estado recurre -en este caso como un particular cualquiera- contra sí mismo ante los tribunales. La solución se contempla en el artículo 56 de la ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa.En cualquier caso, este recurso que va a presentar el Gobierno, al considerar que la decisión del Jurado Provincial de Expropiaciones de Madrid le resultaba lesivo, supondrá un nuevo aplazamiento en la decisión de este largo contencioso que dura ya más de un año. Todavía falta fijar el justiprecio de las acciones correspondientes a otras 15 o 20 empresas de la antigua Rumasa.