Los expertos condescendieron con el Gobierno vasco, según Jáuregui

El Gobierno no modificará su criterio sobre la negociación de reivindicaciones politicas con ETA y sobre el proceso de los presuntos terroristas ante la Audiencia Nacional pese al contenido del informe de la comisión internacional de expertos sobre la violencia en Euskadi, declaró ayer en Vitoria el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui. Tampoco cree viable el delegado del Gobierno tomar en consideración la posibilidad de procesar a los presuntos activistas de ETA ante tribunales ordinarios del País Vasco "porque no está garantizada la independencia judicial en Euskadi, como consecuencia de la presión del terrorismo, y tampoco quedaría garantizada por tanto la correcta persecución judicial de los delitos". "Es en este apartado", afirma Jáuregui, "donde el informe resulta más condescendiente, quizá, con las posibles exigencias de quienes lo contrataron".En materia de coordinación policial y extensión de la responsabilidad de la policía autónoma, otra recomendación del dictamen, pueden producirse avances concretos que, según Jáuregui, no exigirían un marco específico de diálogo sobre el informe entre Madrid y Vitoria. Jáuregui cree que el informe "puede ser un documento interesante y útil, pero la publicación del texto en su totalidad genera expectativas de utilización partidista que le privarán de una mayor virtualidad política, que hubiera podido tener si se hubiera empleado sobre todo como un elemento de trabajo para los dos Ejecutivos, el de Madrid y el de Vitoria".

Para el delegado del Gobierno central, la petición de que nunca se excluya la negociación como una opción política no tiene la interpretación que se le ha dado en algunos sectores. "La comisión no recomienda negociar, y la impresión que tengo es que se ha introducido ese párrafo un poco a la fuerza para dar respuesta a una cuestión sobre la que no han querido pronunciarse de una forma más clara". "Probablemente", añade, "han querido indicar que nunca se excluyan las conversaciones técnicas que pueden facilitar el fin de la organización y que el Gobierno de España ya ha ofrecido a la dirección de la banda armada".

"Es inconveniente la especulación teórica e informativa, desde las instituciones o los partidos, sobre la posibilidad de negociar reivindicaciones políticas con los terroristas", añade, "porque no es más que alimentar las aspiraciones de los terroristas. Ellos diseñan su estrategia precisamente para conseguir ese objetivo. Cualquier negociación política desautorizaría los resultados de 10 elecciones democráticas en Euskadi y abriría la puerta a que otro grupo empuñara las armas para defender sus objetivos".

"El Gobierno central, sin embargo, está abierto a considerar la extensión de la responsabilidad de la policía autónoma siempre que se cumplan condiciones de coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado y de corresponsabilización en la lucha antiterrorista que en la actuallidad todavía no existen", señala Jáuregui. Los acuerdos en esta materia no exigirían necesariamente un marco de conversaciones específicas acerca del informe de los expertos, añadió. Podrían tratarse en los contactos habituales entre el lendakari José Antonio Ardanza y Felipe González y deberían ser abordados, necesariamente, entre el ministro de Interior, José Barrionuevo, y el consejero vasco, Luis María Retolaza.