El Gobierno canario creará un impuesto sobre la importación de petróleo

El Gobierno autónomo canario creará por ley un impuesto sobre la producción e importación de carburantes en las islas. La aplicación de dicho gravamen está pendiente de las soluciones técnicas que dé el Ministerio de Hacienda a su posible incompatibilidad con el régimen económico fiscal (REF) específico del archipiélago y con la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).Se trata de la primera carga fiscal que aprobaría el Gobierno regional. Su puesta en vigor implicaría la liberalización de los precios de los derivados del petróleo con Canarias, exentos hasta la fecha de presión impositiva. El Gobierno autónomo ha fijado hasta el momento los precios de los combustibles que son comercializados en las islas por la Compañía Española de Petróleos (Cepsa), propietaria de una refinería en Santa Cruz de Tenerife.

La Consejería de Industria y Energía, de la que es titular el vicepresidente del Gabinete autónomo Juan Alberto Martí, considera llegado el momento de "racionalizar el mercado de los productos petrolíferos en la región". El futuro impuesto de los carburantes servirá de colchón, según Juan Alberto Martín, para compensar las oscilaciones a lo largo del año en los precios del petróleo.

Paralelamente a su aplicación, el Gobierno autónomo tiene previsto aprobar un decreto que fijará las normas de distribución de los derivados del petróleo para evitar la competencia desleal entre las multinacionales y Cepsa, compañía de implantación tradicional en las islas.

Según Juan Alberto Martí, "cualquier persona sensata debe apoyar este impuesto". Sus ingresos recaudatorios irán destinados a la creación de viviendas y a la diversificación de energías alternativas a las estatales, como lo prueba su reciente emisión de deuda pública para hacer frente al déficit del actual presupuesto de la comunidad autónoma.

La gestación del citado impuesto coincide con la penetración en Tenerife de las compañías petrolíferas extranjeras Ducar y British Petroleum. La capacidad recaudatoria del impuesto se evaluó en 5.000 millones de pesetas, en base a las variables económicas que regían a finales de año.