Una obra de Presidencia del Gobierno

El proyecto de ley de regulación de la televisión privada fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros tras una larga elaboración, bajo la dirección del equipo asesor del presidente Felipe González y del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. En su preparación, que ha durado casi siete meses, han participado asimismo expertos de los ministerios de Cultura, de Presidencia y de Transportes y Comunicaciones.Uno de los motivos aducidos por fuentes gubernamentales para explicar el retraso en la aprobación del proyecto de Ley -en cuatro ocasiones han quedado incumplidos los plazos anunciados por el portavoz gubernamental, Javier Solana- es la complejidad de la materia y, en especial, la necesidad de contar con estudios que determinasen las posibilidades técnicas de ampliar el actual número de canales.

El pasado mes de septiembre, destacados responsables políticos de la Presidencia del Gobierno ya afirmaron que podían ser tres los canales privados, lo que no ha evitado, según la versión oficial, la realización de diversos informes para determinar la posibilidad técnica de los mismos.

En estos momentos, el Gobierno cuenta con la red terrestre de Radiotelevisión Española (RTVE) y el apoyo de la red de la Compañía Telefónica (CTNE).

Según una fuente gubernamental, en el futuro podrían ser utilizados de forma alternativa, y según las conveniencias de cada emisión en concreto, tanto los servicios de RTVE como los de la CTNE e incluso los de un satélite de telecomunicaciones.

Junto a los estudios sobre el soporte técnico de la trasmisión de señales, la decisión de admitir o no las emisiones regionales ha sido otro de los motivos del retraso en la aprobación del proyecto de ley.

Todavía hace dos meses, un alto cargo -considerado próximo al vicepresidente del Gobierno- aseguraba que el propósito gubernamental era el de autorizar exclusivamente emisiones nacionales. Otro alto cargo aseguró por entonces a este periódico que al día siguiente de que se adoptase la decisión sobre este asunto iría el proyecto de ley al Consejo de Ministros.