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Hacienda dedica todos sus efectivos de inspección fiscal a detectar el fraude en la aplicación y pago del IVA

El Ministerio de Hacienda puso ayer en marcha un plan especial que supone dedicar todos los efectivos de inspección a detectar las irregularidades y defraudaciones en la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), que entró en vigor el pasado 1 de enero. Precisamente en esta primera veintena de abril tendrán que presentar su primera declaración trimestral 1.500.000 contribuyentes. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell declaró ayer que el nuevo impuesto ha provocado el alta en Hacienda de 400.000 nuevos contribuyentes y que el objetivo es evitar el fraude en un impuesto pagado por el consumidor y que tiene que ser ingresado por otros.

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La entrada en vigor del IVA ha tenido un primer saldo netamente favorable para la Hacienda pública: más de 400.000 nuevos contribuyentes se han dado de alta en el censo fiscal sólo durante los meses de enero y febrero de este: año. De esta forma, las iniciales previsiones de Hacienda, 1.900.000 sujetos pasivos del IVA, se han visto corregidas hasta un total provisional de 2.300.0,00. Este desbordamiento de las previsiones hace pensar en que los objetivos de recaudación a final de año (1,215 billones de pesetas) se verán ampliamente superados, aunque Borrell apuntó que es prematuro aventurar proyecciones.Sin embargo, sólo poco más de 1,5 millones de contribuyentes serán los obligados a efectuar declaraciones e ingresar en Hacienda el importe neto del impuesto. El resto, 500.000-600.000 agricultores y 300.000 comerciantes individuales minoristas, no tienen que presentar declaración y sólo están obligados a conservar las facturas por si son objeto de inspección.

La mayoría de los empresarios y los profesionales tendrán en esta primera veintena de abril que presentar su primera declaración trimestral de PIA y resolver los fallos formales, las deficiencias, irregularidades y fraudes que puedan producirse, a los cuales va dirigido el plan especial de inspección, al que serán destinados, hasta finales de julio, 457 inspectores fiscales, 1.347 subinspectores, y 900 agentes tributarios.

El lVA proporciona información básica para todos los ingresos, porque con las operaciones de compraventa puede rastrearse buena parte de los ingresos, y el nuevo procedimiento de gestión permite el control cruzado de informaciones par 1 a detectar el fraude. La inspección tiene como objetivo el control de las grandes empresas, 153.000 contribuyentes de sectores de atención prioritaria (fabricación, construcción, comercio, servicios y 31.000 profesionales), agricultores y minoristas.

Facturas en regla

El secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, insistió en que el plan tiene un carácter más preventivo que sancionador, dado que se trata de la primera declaración. Salvo los casos en que la intención de defraudar sea manifiesta, "y en ellos se aplicarán con todo rigor las sanciones previstas en la ley", en el resto la intención es conceder plazos para subsanar errores y deficiencias.

Tanto Borrell como Martín Seco insistieron en que es el propio comprador el que debe exigir una factura correcta, con la identificación del vendedor y otros requisitos, porque en ello va su interés. La reforma de la ley general Tributaria especifica que, para que los gastos tengan carácter de deducibles, las facturas tienen que cumplir todos los requisitos legales. En este caso, sostiene Hacienda, no se trata del valor de prueba de una transacción comercial, sino del derecho o no a no gozar de una deducción impositiva.

En el caso de los comerciantes individuales minoristas, un sector muy difícil de controlar, su obligación es advertir a su proveedor de que están acogidos a ese régimen, para que les incremente el 3% del recargo de equivalencia, porcentaje impuesto para eximirles de las obligaciones de declarar e ingresar el IVA. Si no lo hicieran, la sanción prevista es del 500% del valor del impuesto. La gran masa de sujetos pasivos que ingresará este mes el primer pago del IVA es la principal preocupación de Hacienda, que tiene la intención de evitar que una parte del impuesto pagado por los consumidores al hacer sus compras luego no sea ingresada por empresarios o profesionales.

En los meses de febrero y marzo han presentado la preceptiva declaración mensual 2.426 empresas con más de 1.000 millones de pesetas de facturación anual y 4.700 exportadores, un número sorprendentemente bajo este últirno frente a los 15.000 previstos inicialmente por el fisco. Correspondientes a enero, los ingresos por IVA han sido de 92.300 millones: 70.000 millones, de las empresas grandes, y otros 22.300, de ingresos en Aduanas por importaciones. Las solicitudes; de devolución por exportaciones -exentas del IVA- en enero ascendieron a 4.754 millones, de los cuales ha sido entregado un 70%.

Las devoluciones solicitadas en concepto de impuestos soportados por los productos almacenados y no vendidos con fecha del pasado 31 de diciembre suman 202.944 millones. Hacienda tendrá que reintegrar otros 80.152 millones para compensar impuestos pagados anteriormente por bienes de inversión.

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