Polémica en Zaragoza por la entrega de viviendas oficiales a los gitanos de Actur
El Ayuntamiento de Zaragoza se niega a hacerse cargo de 20 viviendas, construidas por el Gobierno aragonés en unos terrenos de su propiedad en el polígono Actur, para otras tantas familias gitanas. Este acuerdo, adoptado por la comisión de gobierno de la corporación, se basa en que las 20 viviendas para los gitanos, junto con otras 42 para payos, se han construido en unos terrenos del Gobierno autónomo y ha sido esta institución la que ha gestionado todo el proceso, por lo que le corresponde culminarlo entregándolas a sus beneficiarios.
El Ejecutivo regional, por su parte, interpreta que el Ayuntamiento, con dicha postura, incumple el convenio suscrito en septiembre de 1984 y que supuso el fin del conflicto de Actur. En el fondo subyace el temor a que la ocupación de las viviendas reavive los enfrentamientos y ninguna institución quiere hacerse responsable de dicha situación.
Ambas instituciones apelan, para esgrimir sus razones, al convenio suscrito, el 18 de septiembre de 1984, entre el entonces alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda, y el presidente del Gobierno regional, Santiago Marraco. La solución global al conflicto del Actur preveía la construcción de unas 100 viviendas de promoción pública para otras tantas familias marginadas; de ellas, 40 serían para los gitanos del Actur. El Ayuntamiento se comprometía a ceder solares y viviendas para rehabilitar en el casco viejo de la ciudad, compromiso que ha cumplido con la entrega de tres solares y cuatro edificios en los que actualmente se está actuando.
El Gobierno regional se comprometía a ejecutar las obras de dichas viviendas en unos 18 meses: 25 se ubicarían en el casco viejo, de ellas 20 serían para gitanos y las otras cinco para payos, y 62 viviendas en el polígono Actur: 20 para gitanos y 42 para payos. De esta manera, las 40 familias gitanas del Actur que ocupaban chabolas, origen del conflicto, tendrían su propia vivienda.
Distintas interpretaciones
Las discrepancias entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional surgen a la hora de interpretar el apartado octavo del convenio, referente a que una vez terminadas las obras de las viviendas el Ejecutivo autónomo las cedería al Ayuntamiento para que éste las administre y proceda a su mantenimiento y entrega a las familias gitanas. El Ayuntamiento considera que dicho apartado se refiere únicamente a las viviendas rehabilitadas o construidas en solares cedidos por la corporación y que para nada se mencionan las 62 viviendas del Actur que han sido construidas en solares del Gobierno aragonés.El consejero de presidencia, Andrés Cuartero, mostró su sorpresa ante la actitud del Ayuntamiento y señaló: "Creemos que los pactos y los acuerdos son para cumplirlos".
El alcalde, Antonio González Triviño, manifestó que el Ayuntamiento no incumple el convenio y que asumirá las viviendas que se rehabiliten o construyan en solares cedidos por el municipio.
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