'Zapatero, a tus zapatos'

La polémica desatada en la Comunidad de Madrid por la oposición en tomo a la misión del Parlamento regional y las acusaciones de presuntas injerencias del poder central sobre los ejecutivos autónomos son analizadas aquí por el presidente de la Asamblea madrileña. Espinar opina que son más habituales de lo que parece los intentos de los partidos políticos, precisamente desde los Parlamentos regionales, por dictar sus pautas tanto a la Administración central del Estado como a la Administración local. Para el autor de este artículo, los legislativos autonómicos deben dedicarse, simplemente y con seriedad, a debatir y dar cauces a los problemas de su ámbito de competencia

Estamos asistiendo los madrileños, que en cualquier caso tenemos un cierto grado de iniciación política, a una polémica sin duda importante en estos días; ésta se podría circunscribir a lo siguiente: ¿cuál es la misión de nuestro Parlamento regional, Asamblea de Madrid?No es intención de quien esto escribe entrar en este momento en cuál sea el significado del concepto autonomía y los diversos niveles competenciales que recoge nuestra Constitución para los entes beneficiarios de aquélla; pretendo contribuir a la polémica, sin duda viva y apasionada, que se suscita por la invasión competencial de unas Administraciones sobre otras.

Intromisiones

Se habla de intromisiones -por lo común referidas a la actuación del poder central sobre el autonómico y se repara poco en la pertinaz actitud de algunos de los partidos políticos que continuamente tratan de interferir desde los Parlamentos regionales la actuación de la Administración central del Estado y de la Administración local.

De una lectura poco atenta de los documentos que entran en los registros de las Asambleas legislativas se desprende la existencia de constantes peticiones a los ejecutivos regionales para, que insten al Gobierno de la nación a hacer tal o cual cosa, o a que rectifique sobre cuestiones que en pura lógica democrática están zanjadas, por ejemplo proponer la modificación de una ley ya votada en Cortes.

Algunos tenaces defensores de la autonomía regional, conservando aún la furia del converso, ven esta última actitud absolutamente racional y legítima, y claman cuando intentan ver en la Administración central una injerencia en los asuntos autonómicos.

La solución al problema, siguiendo este hilo conductor, puede ser doble:

1. El Estado de las autonomías constituye la apertura de una multitud de canales recíprocos a través de los cuales unas Administraciones dan consejo a otras.

2. El Estado de las autonomías tiene su basamento en la descentralización político- administrativa, y sobre las competencias de cada cual operan los elementos de control que la legislación prevé.

La primera hipótesis tiene una ventaja esencial para aquellos que, padeciendo el síndrome de la carrera de San Jerónimo, no han podido alcanzar todavía tan alta cifra. A saber, cuando no se admite alguna iniciativa parlamentaria -hago la gracia de omitir ejemplos concretos-, podemos escuchar: "En el Parlamento regional no se puede hablar de nada"; "se trata de convertir a la Asamblea en un Parlamento provinciano".

La segunda, a mi juicio, tiene menos brillo político aparente, a no ser que aquellos asuntos sobre los que la Comunidad tenga competencias sean debatidos con rigor y seriedad, dejando la brillantez en función de las posibilidades del diputado que intervenga.

Convertir a la Asamblea de Madrid en un foro de control real del Ejecutivo regional, tratar sobre los problemas que están en la raíz misma de la convivencia y que gestiona para bien de los madrileños de nuestra Comunidad y hacer que éstos tengan el debido calado en la población es un reto importante que, planteadas las cosas como más arriba se ha señalado, contribuirá a asentar nuestra institución.

Lo contrario, como ya escribió Salvador Espriú, trata de abatir a garrotazos el alto vuelo del cisne, tarea por lo demás estéril.

es presidente de la Asamblea de Madrid.