El Estado emitirá unos 100.000 millones de pesetas en obligaciones, con tipo de interés variable y a 10 años.

Dos decretos que serán ultimados en las próximas semanas implantarán profundas novedades en la deuda pública. Uno establecerá por primera vez en España las obligaciones del Estado con tipo de interés variable y a muy larzo plazo (10 años, ampliables a 15). El otro suprimirá la necesidad de que los bonos de hasta tres años deban ser transmitidos físicamente, lo cual ahorrará al Tesoro un coste del 0,5% y ampliará enormemente el mercado de los mismos. Ambas medidas innovadoras permitirán alargar los muy cortos plazos de la deuda española. Las obligaciones han empezado a suscitar una gran demanda antes de su primera emisión, en junio próximo. Fuentes oficiales estiman que este año saldrán unos 100.000 millones de pesetas.Los dos decretos que espera terminar este mismo mes la Dirección General del Tesoro y, Política Financiera modificarán la estructura y el panorama de la deuda pública, que por ahora supera los 10 billones de pesetas y casi en su mitad vence en el plazo de un año. Los rumores sobre los mismos han suscitado gran expectación en medios financieros, que se han dirigido al Ministerio de Economía y Hacienda para interesarse por su contenido, pues algunas de las innovaciones servirán a la banca y a otros intermediarios para crear nuevos productos, según fuentes de la Administración.

Una de las disposiciones implantará en España las obligaciones del Estado con tipo de interés variable y a 10 años, ampliables a 15. Su tipo de interés será indizado para que sea cada año o cada dos años la media de la subida que marque en un período anterior el mibor (el tipo de interés interbancario en el mercado madrileño) u otro indicador. De todos los posibles, ha sido eliminado el índice de precios al consumo, por considerar que la indización con el IPC contribuiría a incrementar la inflación, al revés de lo que se pretende. Además, los redactores del decreto opinan que sería un error indizar lo financiero con lo real, sobre todo con vistas a unos años con buenas perspectivas para que bajen los tipos de interés.

Sin embargo, fuentes de la Administración no descartan que algún emisor privado tantee en los próximos meses una fórmula similar de financiación a largo plazo que se base en el IPC.

La Dirección General del Tesoro baraja la idea de que la primera emisión de obligaciones indizadas salga al mercado el próximo mes de junio. Aunque luego habría otra u otras posteriores, dichas obligaciones adquirirán inmediato protagonismo en la deuda a medio y largo plazo. De los 380.000 millones de pesetas de financiación neta previstos para los bonos, las obligaciones y la deuda desgravable, sin contar otros 100.000 millones largos por la refinanciación de deuda asumida para Seat, consideran que las emisiones a tipos variables alcanzarían un mínimo de 100.000 millones de pesetas.

Demanda potencial

En cuanto al coste para el Estado, los proyectos aspiran a situarlo al mismo nivel neto que los pagarés del Tesoro, teniendo en cuenta que llevarán una retención fiscal del 18%. Es decir, que su coste neto podría rondar en un primer momento el 10%, lo que supone una rentabilidad nominal superior al 11 %.Al principio se espera que los bancos no adquieran las nuevas modalidades de deuda, salvo que consigan rentabilizarlas dentro de sus coeficientes, para lo cual ya han realizado alguna gestión. Pero ya se ha detectado una gran demanda potencial entre los inversores institucionales, como diversas compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos de inversión.

El otro decreto introducirá las anotaciones en cuenta para los bonos del Tesoro. Esta medida, al suprimir los costes de transmisión y transformación de los títulos, abaratará su carga financiera en un 0,5%, además de convertirlos en un activo similar a los pagarés del Tesoro a 18 meses, aunque tenga dos años de plazo de vencimiento.

En la práctica, ello supondrá que que los bonos podrán ser negociados por los inversores en el mercado secundario, así como cedidos con pacto de recompra por los intermediarios financieros. Para el Tesoro, una ventaja adicional a la de ahorrar gastos será el poder utilizar dichos títulos como un activo de intervención y de control monetario.

En consecuencia, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera espera también que los pagarés registren un tirón fuerte de demanda nada más permitir las anotaciones en cuenta, pues los intermediarios se han acostumbrado al negocio de transformación con los pagarés del Tesoro y han habituado al público a realizar numerosas operaciones innovadoras.