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LA FUNDACIÓN DEL SINDICATO ESTUDIANTIL

La 'Capuchinada', 20 años después

500 universitarios aprobaron en 1966 los estatutos de una organización democrática

Barcelona
El miércoles 9 de marzo de 1966, a las cuatro de la tarde, empezaron a llegar estudiantes del distrito universitario de Barcelona al convento de capuchinos situado en el barrio barcelonés de Sarrià. Junto a ellos, penetraron en el recinto 33 invitados (profesores, artistas, arquitectos, abogados ... ). Era el inicio de lo que ha pasado a la historia como la Capuchinada. El objetivo era aprobar los estatutos del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB). La policía puso sitio al convento y conminó a salir a los asistentes. No lo hicieron y se inició un largo cerco de casi 72 horas, que finalizó con la irrupción en el recinto por parte de la policía.

El escándalo provocado por la Capuchinada fue mayúsculo. La derecha bramó por la decisión de los capuchinos de dar asilo para la "comisión de un acto delictivo", por decirlo con palabras de un informe del ministerio fiscal; la izquierda saludó la reunión como un paso más en la lucha por las libertades. La policía realizó un despliegue total. Todos los asistentes fueron investigados y los resultados acumulados en un macroexpediente en el que, por no faltar, ni siquiera faltan las referencias a todas las homilías pronunciadas en las iglesias barcelonesas durante el domingo inmediatamente posterior a los actos. El diario Arriba publicó un editorial condenando la reunión que fue reproducido en otros diarios del Movimiento, así como por Televisión Española y Radio Nacional. En ese editorial se marcaba una de las líneas de ataque más constantes del régimen franquista: los capuchinos habían facilitado, con su permisividad, o cómplice o ignorante, la cohabitación de muchachos y muchachas en un espacio, para mayor escándalo, de clausura.En Barcelona, un panfleto abundaba en el tema: "Caputxin's Night Club. El local más 'fresco' de Barcelona. Abierto toda la noche. Grandes juergas racistas. El gran show progresista separatista que presenta la orquesta Penca d'Or y la comunidad de los barbudos descalzos. Si es usted católico despistado, ríase, diviértase y páselo bien, mientras se le prepara su 'paseo' en la Rabassada, Casa Antúnez, Cementerio de Montcada, etcétera. El local más asquerosamente famoso de Barcelona. Caputxin's Night Club. 70 hermosas barbas 70. (Con licencia)".

En el mismo sentido puede anotarse la pregunta sobre dónde durmieron chicos y chicas hecha por la policía a los 33 invitados y a los estudiantes a los que se tomó declaración. Y también una nota en un informe confidencial en el que puede leerse: "Detalles: se dice que a falta de sábanas una de las estudiantes durmió envuelta en un mantel del altar". Mención aparte merece la siguiente anotación, aparecida en un documento fechado el 13 de marzo y añadido el expediente: "10.00 horas. Han llegado al Hotel Avenida Palace los súbditos rusos Serguei Zaprometov y Guerogui Zverev (comunicado a la Brigada Social)".

Que la policía hubiera querido desbaratar la reunión parece fuera de toda duda. En un informe fechado el 28 de febrero y referido a una reunión de 20 estudiantes celebrada en la facultad de Derecho, cuatro días antes, se afirmaba que la asamblea había sido convocada para el 9 de marzo, como efectivamente sería, y se añadía, refiriéndose al lugar: "Se supone que será alguno de los locales dependientes de alguna comunidad religiosa". Pero el despliegue sólo sirvió para llegar con una hora de retraso.

La policía rodeó el convento con abundante despliegue en el que no faltaban vehículos y caballos. Conminó a salir a los reunidos y, tras una breve deliberación, lo hicieron algunas muchachas a las que les fue retirado el DNI. La reacción inmediata de los estudiantes fue la decisión de seguir encerrados hasta que se les garantizase que no habría represalias. El viernes, al filo del mediodía, la policía forzó la puerta y desalojó por la fuerza -"violencia moral y física", dice un documento redactado por los capuchinos- a los reunidos, retirándoles la documentación. Previamente, los estudiantes en período militar habían abandonado el recinto sin que la policía lo descubriera.

Sin teléfono

Hay dos documentos policiales que dan cuenta de los asistentes. El primero asegura que estaban en el convento, además de los frailes, 557 personas. De estas, 412 eran "estudiantes varones"; 100 "estudiantes hembras"; 33 "intelectuales"; 2 sacerdotes; 2 extranjeros; 7 periodistas y 1 "estudiante extranjero empleado de una corresponsalía extrajera". De éstos, según el informe, 23 estudiantes, 22 varones y 1 mujer salieron el mismo día 9, y 21 lo hicieron al día siguiente. También lo hicieron, aunque la nota no lo cita, los 7 periodistas. La segunda información policial da un total de 468 presentes en el momento de la entrada de las fuerzas. Se desglosan así: 29 intelectuales; 77 estudiantes mujeres; 358 varones; 2 sacerdotes y 2 extranjeros. Sin embargo, son 33 los "intelectuales interrogados y, con posterioridad, sancionados, y figura también en la lista de los presentes el corresponsal extranjero, el holandés Robert Stephen Bosschart.Mientras duró el encierro, la policía impidió el acceso al recinto a todo el mundo, salvo a los religiosos de la orden a los que dejaba entrar tras un minucioso registro, y cortó las líneas telefónicas. Los, reunidos carecieron de luz eléctrica durante un espacio de tiempo que oscila entre los 20 minutos y las dos horas, según las declaraciones de los reunidos. Entre quienes pretendieron entrar figuraban los profesores Ángel Latorre, Manuel Jiménez de Parga y José Antonio González Casanova, portadores de un escrito de adhesión de un bloque más amplio. Asimismo, el Gobierno Civil retuvo una serie de telegramas remitidos por diversa organizaciones: Confederación de Estudiantes Iraníes (desde Francfort); Unión Nacional de Estudiantes de Israel (Jerusalén); Confederación Nacional de Estudiantes (México); Juventud Soviética (Moscú); Sindicato de Estudiantes Holandés (Amsterdam); Unión General de Estudiantes (Bélgica), y particulares: José Aumente, Miguel Sánchez Mazas, Genovés...

En los días sucesivos, se produjeron diversas manifestaciones, pronunciamientos de sacerdotes en las iglesias, asambleas en las facultades, repercusiones en la prensa nacional e internacional y sanciones gubernativas a los intelectuales asistentes. Curiosamente, éstas son más altas de lo que sugería un informe solicitado al ministerio fiscal. Según éste, en ningún caso era prudente solicitar multas superiores a las 50.000 pesetas, dado que el supuesto delito -nunca llegó a los tribunales- era "de asociación ilícita en grado de tentativa".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de marzo de 1986