El Tribunal de Cuentas descubre irregularidades en 10 empresas públicas

El Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades en la gestión contable de 10 empresas públicas, de un bloque de 17, cuyas auditorías, correspondientes al ejercicio de 1982, Negaron ayer al Congreso de los Diputados. El pasado año, el Gobierno decidió enviar a la comisión parlamentaria de investigación de los dos políticos, cerca de 300 auditorías que el presidente del Gobierno, Felipe González, calificó de infarto. Esta comisión parlamentaria, ante la complejidad de estos documentos, los remitió al Tribunal de Cuentas para que emitiera un informe técnico, del que mayoritariamente se desprende la recomendación de realizar una fiscalización más profunda.

La fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que existen irregularidades, en algunos casos muy graves, no sólo en su aspecto contable sino también penal, en 10 empresas públicas, al menos en su gestión de 1982, por lo que insta a una fiscalización posterior. Entre este bloque de empresas auditadas figuran el Instituto Español de Emigración, el Centro para el Desarrollo Tecriológicoindustrial (CEDETI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Trasmediterránea, la Filmoteca Nacional, Viajes Marsans, Viviendas Oficiales de Madrid, Viajes ITA, Organización de Trabajos Portuarios y el Instituto de Promoción Pública de la Vivienda (IPPV).Las auditorías de Renfe correspondientes a 1982 y 1984 no arrojan irregularidades en su gestión.

El presidente del Tribunal de Cuentas, José María Fernández Pirla, estima que "hay indicios de responsabilidad contable en el organismo autónomo Organización de Trabajos Portuarios, por lo que procede a la apertura de expedientes de fiscalización para su comprobación y depuración".

Tanto el ministerio fiscal como la abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas, cuyos informes acompañan estas auditorías, coinciden en aconsejar una fiscalización profunda "ante las numerosas anomalías que se han detectado en los servicios centrales de la OTP".

La auditoría realizada al Instituto Español de Emigración (IEE), sobre el ejercicio 1983, con referencias esporádicas a 1982, denota para este tribunal "muchas deficiencias e insuficiencias de todo orden". Entre los numerosos hechos y prácticas denunciados por el informe, se destacan los siguientes: "Se han efectuado imputaciones presupuestarias inadecuadas a la naturaleza de los gastos; se han producido ingresos en el organismo no aflorados en cuenta, que se han aplicado, presumiblemente, a sufragar gastos, igualmente no contabilizados; existen pagos en conceptos de remuneraciones, indemnizaciones o ayudas, posiblemente indebidos".

El informe del ministerio fiscal señala respecto al IEE: "Se reflejan en la auditoría innumerables y casi constantes transgresiones en la gestión económico-financiera y acredita una situación de extrema gravedad por parte del Instituto Español de Emigración".

Fiscalizar las dietas

La fiscalía del Tribunal de Cuentas aprovecha la auditoría realizada al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aconsejar a las Cortes Generales o al pleno del Tribunal de Cuentas que fiscalice "el pago de dietas y viáticos de todo el sector público, así como los excesos de remuneraciones de funcionarios".Este ministerio fiscal considera que pueden surgir responsabilidades contables del ICO en lo relativo a dietas, gastos de viaje y retribuciones de los funcionarios.

El informe de la abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas estima procedente que el tribunal "lleve a término una fiscalización en profundidad de la actividad económico-financiera de la Empresa Nacional del Gas, SA, (Enagas)".