Economía prepara la liberalización de precios en los sectores del transporte, enseñanza, sanidad y alimentación

El Gobierno prepara la liberalización total de casi una veintena de precios, principalmente en los sectores de transporte, enseñanza, sanidad y alimentación. La decisión formará parte del paquete de medidas económicas anunciado la pasada semana por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, quien no reveló este proyecto. La orden ha sido estudiada ayer con urgencia por la Junta Superior de Precios, con el fin de que la apruebe hoy mismo la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.Si prospera la última propuesta, interrogante que todavía no ha sido despejado, pues al menos tres ministerios expresaron serias reticencias al proyecto de Carlos Solchaga una decena de precios sometidos a autorización administrativa de rango nacional, serán fijados libremente por las empresas productoras. También quedarían libres otros cuatro que dependen de la autorización a nivel provincial: la leche fresca, las tarifas de agua para regadío, las tarifas de automóviles de gran turismo y, principalmente, las clínicas, sanatorios y hospitales privados. Un tercer grupo de productos -el vino común embotellado, el aluminio y el papel Prensa- pasarán desde el sistema de comunicación administrativa para subir los precios al de libertad total.

La liberalización más amplia e importante será para los productos de la primera lista, pues llegarían a la libertad desde su actual régimen de autorización administrativa por el Gobierno. Entre ellos figuran todos los transportes de mercancías por carretera, los transportes por ferrocarril realizados por Renfe, los transportes discrecionales de viajeros por carretera, la enseñanza subvencionada, las harinas panificables, los panes especiales (desde los blandos a los productos vendidos por las boutiques del pan), las tarifas de agua de riego, los alcoholes de remolacha, los aceites de melazas de semillas y todos los productos derivados del petróleo excepto los que se consideran esenciales.

Esto último implica la liberalización, por ejemplo, de los aceites lubricantes y otros productos consumidos por los automovilistas, los asfaltos y los aceites que sirven para elaborar otros aceites minerales. En cambio, seguirán con la necesidad de contar con la autorización del Gobierno las gasolinas y gasóleos, los fuelóleos, las naftas, los querosenos, y los gases licuados del petróleo.

Según fuentes allegadas a la Administración, las tres listas han sido preparadas a petición del ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, en función de tres criterios: excluir del control a los bienes y servicios en que los respectivos sectores han mostrado interés en la liberalización, también aquéllos, en que la Administración central o periférica han perdido interés en controlar su evolución o tienen poco dominio sobre la misma, y mantener el control sobre los productos que más inciden en el índice de precios al consumo (IPC).

Reticencias ministeriales

Sin embargo, la urgencia con que se ha planteado el asunto -el propio ministro de Economía y Hacienda no se refirió a este proyecto al anunciar la pasada semana el nuevo paquete de medidas económicas- ha suscitado en que se planteen numerosas reticencias, especialmente por parte de otros ministerios competentes.Así, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha manifestado que la liberalización inmediada en los precios de las clínicas, sanatorios y hospitales privados puede provocar en estos momentos alzas superiores a- las que serían razonables. Sus argumentos son que el reglamento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) declara exentos de este tributo los servicios sometidos al régimen de precios autorizados.

Por ello, si ahora los citados servicios quedan en libertad, sus productores deberán liquidar a Hacienda el impuesto sobre el valor añadido (IVA), por lo que presumiblemente elevarían los precios en cuantías suficientes para cubrir sus expectativas de beneficio y cumplir con el fisco.

Igualmente, el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones ha opinado que la liberalización de los transportes de mercncias por carretera y por Renfe se proyecta en un momento inoportuno. Como no estaba prevista dentro del conjunto de actuaciones para ordenar el sector, dicho departamento ha señalado que debería ser estudiada sin premuras de tiempo. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señlado que ha consultado sobre la liberalización de las tarifas de agua de riego al Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y no le ha parecido conveniente por el momento.