300 millones para preparar la futura facultad de Bellas Artes
Domingo Muelas administrador general de la diócesis de Cuenca, niega rotundamente que el Obispado esté dispuesto a echar a la calle a los deficientes de la residencia San Pablo: "Teníamos pensado proceder legalmente, pero siempre buscando otra alternativa de ubicación para los residentes, ya que el local que ocupan iba a ser la sede de la universidad de Santo Domingo. Después ha intervenido la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se ha llegado a un acuerdo que se firmará dentro de unos días, según el cual, el Obispado cede por un plazo de 30 años el convento de los paúles a la universidad de Castilla-La Mancha, que instalará en él la facultad de Bellas Artes".A cambio de está cesión, la Junta de Comunidades destina un presupuesto que supera los 300 millones de pesetas para acondicionar el edificio, tarea que el Obispado no puede acometer, al parecer, por falta de medios.
Pese a ello, el gobernador civil de laprovincia, Rafael Mazarrasa, al citarle la posibilidad del cierre de la residencia San Pablo, afirma: "Nosotros sólo podríamos intérvenir en esa polémica y cerrar la residencia si hay una denuncia firme de un organismo oficial, como por ejemplo Sanidad. Ahora bien, si el Obispado necesita ese local para darle otro uso, entonces que proceda judicialmente, porque con una orden judicial sí que podríamos actuar".
A ello Domingo Muelas añade nuevas argumentaciones: "El problema de trasladar a los internos de la Asociación Fray Serafiñ Madrid a otro centro es de Castilla-La Mancha y no nuestro".
Polémica sin efecto
La polémica sobre la Asociación Fray Serafín no ha tenido, en cualquier caso, un reflejo efectivo en la actuación de los organismos oficiales encargados de ejercer una cierta supervisión de los centros que reciben su ayuda económica. Así, el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha mantenido su ayuda a la Asociación Fray Serafin a lo largo de los últimos años. Ayuda que se concede por cada interno y que en 1985, según datos facilitados pqr este organismo, ascendió en total a 1.920.000 pesetas.A ello hay que sumar las cantidades concedidas por las diferentes diputaciones (de cada una de las provincias de las que son oriundos los deficientes internados en el San Pablo), que se sitúan aproximadamente en unas 10.000 pesetas por interno al mes, y la propia Seguridad Social, entre otras cantidades difícilmente cuantificables. En lo que respecta a las familias, sólo los padres de uno de los internos pagaba el pásado año una modesta cantidad mensual.
