La protección del medio ambiente en España para adaptarse a la Comunidad costará más de 200.000 millones de pesetas

La protección del medio ambiente en España para adaptarse a los mínimos exigidos en la Comunidad Europea (CE) costará bastante más de 200.000 millones de pesetas, según previsiones de la Dirección General del Medio Ambiente. La Comunidad en este campo ha hecho prevalecer el principio de que "quien contamina, paga". Por eso, la mayor parte de las inversiones corresponderán a centrales térmicas y fabricantes de automóviles, aunque también los contribuyentes soportarán nuevas tasas por estos conceptos.

El Gobierno, que prepara una abundante legislación para,desarrollar las normas comunitarias, solicitará un plazo de entre ocho y diez años para la total implantación de las exigencias, controles y prohibiciones destinados a la protección del medio ambiente.

Los cálculos previos, meramente aproximativos, sobre el coste total de la política medioambiental que ha de poner en práctica España dan una cifra superior a 200.000 millones de pesetas. La parte del león pesará sobre las finanzas de las centrales térmicas que tendrán que hacer inversiones anticontaminantes por valor de 150.000 millones de pesetas. En segundo lugar, se sitúan las empresas de automóviles que aproximadamente deberán gastar 30.000 millones en los dispositivos anti contaminantes, como los catalizadores, que serán obligatorios.

La Administración destinará 15.000 millones a la construcción de 8 plantas de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, un depósito de almacenamiento por comunidad autónoma y dos plantas incineradoras. Al margen, están el coste -aún sin evaluar- para las empresas de trasladar los residuos y las inversiones necesarias para la depuración de aguas. En este campo, aunqqe en 10 años se ha pasado de no tener ningún control a la depuración del 51% de las aguas residuales, queda mucho por hacer.

Nuevas tasas

El principio de que quien contamina paga afectará también al bolsillo de los contribuyentes, y se calcula que ascenderá a 10.000 millones de pesetas el importe anual de las tasas que sufragarán para el mantenimiento y construcción de las instalaciones.

Las normas comunitarias sobre protección de medio ambiente vinculan directamente a España, que tendrá que poner en marcha los instrumentos legales para equipararse a Europa en esta materia. El Gobierno ha iniciado ya una amplia actividad de elaboración legislativa, que completará el camino iniciado por el decreto de 1 de agosto por el que se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas.

Actualmente está en discusión en el Parlamento el proyecto de ley de Bases de Residuos Tóxicos y Peligrosos, cuyo objetivo es reducir los riesgos ambientales derivados del desarrollo industrial y que tendrá un posterior desarrollo reglamentario. En elaboración hay otros tres decretos más y nueve disposiciones, dirigidos a implantar una política preventiva de la contaminación, regular más estrictamente los residuos sólidos urbanos, proteger el ambiente atmosférico y reducir los mínimos permitidos de ruido ambiental. Al amparo de la nueva ley de aguas se promulgará un reglamento en el que se definirán hasta 129 sustancias como peligrosas para las aguas.

Aunque hace siete meses se dieron los primeros pasos, la normativa española está a años luz de los mínimos exigidos en la Europa comunitaria y parte prácticamente de cero, aunque según reponsables del Gobierno se ha avanzado mucho en poco tiempo. Las competencias sobre la lucha contra la contaminación ambiental están desperdigadas en varias áreas administrativas, aunque es el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el que está canalizando y asumiendo la planificación y gestión de esta política.

Precisamente, por el alto costo de los proyectos para la mejora del medio ambiente que obligatoriamente ha de llevar a cabo España, el Gobierno planteará a la CE una especie de período transitorio para permitir afrontar estas importantes inversiones de una forma gradual. La CE prepara además nuevas directivas en esta materia, alguna de las cuales puede ser aprobada en el Consejo de Ministros comunitario del 6 de marzo.