El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley sobre adopción

El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley en el que se institucionaliza la intervención de los jueces en los trámites de adopción, tanto de menores como de mayores de edad, lo que implicará que el acto de la adopción dejará de ser un acuerdo privado entre particulares. El proyecto, que será remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, propone que la adopción deberá contar con el consentimiento del adoptado cuando éste cuente 14 años de edad.

El proyecto de ley, que representará una reforma de varios artículos del Código Civil, regula la tutela oficial por parte de las entidades públicas encargadas en cada región de la protección de los menores que se encuentran desamparados. A estas entidades corresponderá, salvo casos excepcionales, la propuesta de las adopciones a llevar a cabo, que serán limitadas respecto a las posibilidades actuales para los casos en que las personas que se pretenden adoptar son mayores de edad.El portavoz del Gobierno, Javier Solana, que advirtió que el proyecto aprobado finalmente por el Gobierno no alude al caso de los seres concebidos, pero no nacidos, afirmó que la propuesta formulada por el Gabinete ayer introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español la figura del "acogimiento familiar". Con ella se permite que las entidades públicas responsabilizadas de la tutela de menores entreguen éstos a familias particulares cuando consideren que ellas puedan garantizar la inserción del niño, o del joven, en una vida familiar normal.

Javier Solana, que insistió en que los jueces supervisarán en todo caso las diversas modalidades de adopción, manifestó que el proyecto aprobado por el Gobierno "prima los derechos de los niños frente a los de los adoptantes".

Gasolina

Según el portavoz gubernamental, el Consejo de Ministros no debatió ayer la bajada de los precios de la gasolina, que continúa en estudio y cuyo alcance, según Solana, depende de que se produzca una estabilización de los precios en el mercado internacional. El Consejo aprobó la oferta de empleo público para el presente año, que supondrá la creación de 8.951 nuevos puestos de trabajo, dentro de las 33.767 plazas cuya cobertura será ofrecida por las diferentes administraciones públicas a lo largo de 1986.El desglose de la oferta queda establecido de la siguiente manera. Personal funcionario de la Administración del Estado y sus organismos autónomos (15.452), personal laboral (8.434), personal funcionario al servicio de la Seguridad Social (6.283), personal laboral para la misma (1.527) y personal funcionario con habilitación de carácter nacional que presten sus sericios en la Administración local (2.071).

El Gobierno concedió subvenciones por valor de 2.062 millones de pesetas para la instalación de 47 empresas en zonas de urgente reindustrialización y en las de preferente localización industrial de Sagunto. El Consejo aprobó un real decreto de adaptación de la legislación española sobre circulación y registro de productos vitivinícolas a la normativa de la Comunidad Económica Europea.

A partir del día 1 de marzo -fecha de integración de la agricultura española en la CE- todos estos movimientos comerciales deberán ajustarse a un nuevo sistema de vigilancia del transporte para asegurar el control de salidas y destinos de cada partida. Asimismo se regulan los registros que se deberán llevar en el interior de las bodegas.

El Consejo también autorizó el establecimiento de relaciones diplomáticas con Antigua y Barbuda y Santa Lucía.