El Ministerio de Transportes decide presentar una querella criminal contra los responsables del 'caso SAVE'

El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones ha decidido presentar una querrella criminal "contra todas aquellas personas y empresas que puedan ser responsables de los perjuicios económicos ocasionados al organismo autónomo de Aeropuertos Nacionales", derivados del caso SAVE.El subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Ricardo González Antón, remitió el pasado 31 de enero una carta al director general de los Servicios Jurídicos del Estado trasmitiéndole la necesidad de entablar dicha querella.

Según fuentes solventes, la decisión del Ministerio de Transportes se fundamenta en las irregularidades económicas en las liquidaciones que venía haciendo la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) al organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, detectadas por las investigaciones que viene realizando la policía a instancias del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia.

Hasta el momento, lo que había trascendido, según la documentación intervenida el pasado 15 de noviembre por el grupo tercero de la brigada de policía judicial de Barcelona, es que el presunto fraude cometido en Aeropuertos Nacionales por SAVE se elevaba a 777.459.126 pesetas.

Nuevas luces

La profundización de las investigaciones arroja nuevas luces sobre el caso que para el Ministerio de Transportes parecen resultar determinantes. En la carta remitida por González Antón a los Servicios Jurídicos del Estado se asegura que "se advierten datos que suponen un notorio incremento en la facturación sobre la que venía declarando SAVE, lo que permite presumir un importante perjuicio económico contra Aeropuertos Nacionales".Los indicios aludidos se refieren a análisis concretos sobre liquidaciones realizadas por SAVE en fechas homogéneas de los ejercicios 1985 y 1984, en donde se aprecian los "presumidos perjuicios económicos".

Así, la liquidación correspondiente al aeropuerto de Madrid-Barajas entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 1985 -fechas en las que las cuentas estaban intervenidas- se elevó a 6.205.720 pesetas, mientras que en el mismo período del año anterior la misma liquidación fue de 1.883.099 pesetas. La subida de precios autorizada de un año para otro era solamente del 9%.

En el caso de Barcelona, las diferencias entre los dos años para el período comprendido en los 12 primeros días del mes de diciembre, arrojaban una diferencia superior a los tres millones de pesetas.

Sin desfases

En las mismas investigaciones se ha podido comprobar que aunque esta tendencia era la normal en algunos aeropuertos como el de Ibiza y Tenerífe no registraban desfases de un año a otro.El presidente de SAVE, Vicente Iborra, dimitió recientemente como presidente de la Confederación Empresarial Valenciana y vicepresidente de la Confederación Interprovincial de Empresarios de la Región Valenciana.