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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La participación de los sindicatos

UN RECIENTE acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Unión General de Trabajadores permitirá a los representantes de esa central sindical participar en los consejos de administración de las empresas públicas. La idea no es nueva; en otras sociedades de capitalismo avanzado, como Estados Unidos o la República Federal de Alemania, se han ensayado procedimientos de este género incluso en las compañías privadas. Lee Iacocca, el presidente de la Chrysler Corporation, cuenta cómo integró a algún sindicalista en el consejo de la transnacional del automóvil sin que crujiesen los esquemas de funcionamiento de la empresa. Por lo demás, la letra de este tipo de acuerdos puede resultar fácilmente burlada cuando no exista voluntad suficiente para aplicarlos. Experiencias similares han sido boicoteadas en la práctica mediante el truco de doblar los consejos de administración oficiales con otros restringidos e informales, donde se adoptan en paralelo las verdaderas decisiones en ausencia de los consejeros -sindicalistas o no- molestos.El acuerdo ilustra algunas actitudes del Gobierno hacia el movimiento sindical. Para justificar la anomalía de que la participación en las empresas públicas haya sido negociada exclusivamente con la central socialista, el poder ejecutivo argumenta que esa medida no hace sino desarrollar el Acuerdo Económico y Social (AES), suscrito con UGT. Aunque ese dato sea cierto, también es verdad que decisiones como la participación en la gestión de las empresas públicas -o la reforma de la Seguridad Social- deberían exigir el consenso más amplio posible de las organizaciones sindicales.

Es posible que Comisiones Obreras no advirtiera en su día todas las consecuencias negativas implicadas en su decisión de no firmar el AES. Desde entonces, las relaciones entre el Gobierno y el sindicato comunista no han guardado siquiera las formas elementales de la cortesía. Uno de los peores efectos de ese distanciamiento hostil es que el poder ejecutivo haya ignorado sistemáticamente a un sindicato que ostenta la representación de cientos de miles de trabajadores. No deja de ser significativo que, ante las ocupaciones de locales del patrimonio sindical realizadas por CC OO, la reacción del Ministerio de Trabajo sea apelar al ministerio fiscal. Si el Gobierno hubiera agilizado la devolución del patrimonio sindical, las centrales -ahogadas por su situación financiera- tal vez no hubieran elegido la criticable vía de la ocupación. A pesar de esa quiebra financiera -artificialmente inducida en buena parte- de los sindicatos, el Gobierno amenaza con retenerles la subvención estatal para cobrar así las deudas que las organizaciones obreras mantienen con la Seguridad Social. Esa medida que, dicho sea de paso, nunca se ha pensado aplicar a los partidos políticos, afectaría con especial dureza a CC OO, la central que tiene mayor endeudanúento con la Seguridad Social. De todas maneras, el hecho invita a reflexionar sobre las denuncias de impago dirigidas contra ciertas empresas por unos sindicatos que tampoco cumplen sus obligaciones legales.

El acuerdo sobre la participación en los consejos de las empresas no puede ser abstraído de la política global del Gobierno respecto a las centrales obreras y de la situación que ocupan los sindicatos dentro de nuestro sistema de relaciones industriales. No se trata sólo de que la negociación de los convenios colectivos continúa siendo la tarea básica de las centrales. Además, la fijación de la cuantía de los salarios sigue recabando también la atención primordial -cuando no única- de las partes implicadas en esos acuerdos. La especialización de los sindicatos en esos objetivos -importantes, pero no necesariamente excluyentes de otras preocupaciones- explica el subalterno papel desempeñado por las organizaciones de trabajadores en nuestra sociedad.

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Las relaciones industriales en España se hallan todavía reguladas en gran parte por un conjunto de ordenanzas sectoriales heredadas del anterior régimen. Hasta ahora los sindicatos -cuyos bajos índices de afiliación constituyen un síntoma de su débil arraigo- no han sido capaces todavía de cambiar esta situación, tal vez porque ello implicaría poner en tela de juicio algunas ventajas otorgadas por el paternalismo de aquel régimen. El precio de ello ha sido elevado, puesto que las funciones de los sindicatos en España casi han quedado confinadas al asesoramiento legal de los trabajadores y a la negociación de los salarios en los convenios. Temas de gran importancia para la vida cotidiana y para el futuro de los trabajadores (como el impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo) no han sido abordadas hasta ahora con el rigor que sería necesario. Eso explica que en un país con tres millones de parados, a pesar de que la política global de los sindicatos es contraria al pluriempleo y las horas extraordinarias, sean muy pocos los convenios que recogen medidas en este sentido y menos, los que, a pesar de lo firmado, las pongan en práctica.

Los malos empresarios -privados o públicos- se felicitan por el declinar de la militancia y el debilitamiento de las organizaciones obreras, deslumbrados por las ventajas a corto plazo de ese fenómeno para la gestión cotidiana de la economía. Pero una sociedad moderna necesita una participación efectiva de los ciudadanos, y los sindicatos son -deberían ser- uno de los cauces fundamentales para ello. El anuncio de que el 34 Congreso de UGT se propone someter a discusión cuestiones altamente polémicas (ya sea la disminución salarial para compensar la reducción de la jornada laboral siempre que se traduzca en mayor empleo, fórmulas de gestión frente a las propuestas empresariales de flexibilidad del mercado de trabajo o el diseño de una política global de rentas) podría ser el inicio de ese nuevo camino. Junto a ello sería también necesario que el Gobierno mostrara una disposición más positiva en la relación con los sindicatos y sus problemas. La dinámica que, en el conjunto de los factores, genera el fortalecimiento sindical parece imprescindible para lograr un marco social más armónico y justo.

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