La vergüenza de Melilla

MIENTRAS EL Gobierno prorrogaba por segunda vez (en esta ocasión, hasta el próximo 1 de marzo) el plazo inicialmente dado a los extranjeros (hasta el 30 de septiembre pasado) que necesitasen regularizar su situación en nuestro territorio, los nuevos incidentes ocurridos ayer en Melilla ilustran la preocupante agravación del conflicto suscitado por la entrada en vigor de la ley sobre Libertades y Derechos de los Extranjeros en España, promulgada el pasado 1 de julio, y contra la que ha presentado recurso de inconstitucionalidad el Defensor del Pueblo.Fuerzas de la Policía Nacional disolvieron, con la brutalidad que reflejan los testimonios gráficos, una manifestación no autorizada convocada por la comisión gestora de la asociación de mujeres musulmanas para protestar contra la aplicación de esa norma a los melillenses de ascendencia marroquí, que se consideran con derecho a la nacionalidad española y rechazan la condición de extranjeros. La carga de las fuerzas de seguridad contra una manifestación compuesta mayoritariamente por mujeres y niños produjo una quincena de heridos, entre ellos, tres policías nacionales. Entre tanto, más de 30jóvenes melillenses de religión musulmana mantienen una huelga de hambre en la mezquita de la ciudad, también como protesta contra la discriminación de que les hace objeto la Ramada ley de extranjería.

Las primeras declaraciones del director general de Política Interior ante esos hechos recuerdan el lenguaje utilizado en peores tiempos para quien ostenta ahora el cargo. Este señor arroja las culpas de los incidentes de Melilla a Aomar Mohamedi Dudú, ex militante del PSOE que fue expulsado de las filas de su partido y que ahora preside la asociación Terra Omnium. Según él, la responsabilidad de todo cuanto ocurre correspondería a Dudú, un profesional de la intoxicación, que estaría instrumentalizando al servicio de sus propios fines a los melillenses musulmanes. Pero el Ministerio del Interior debería saber que Melila es un problema real, y no una invención, y que en los últimos meses este problema ha sido agravado por la torpeza y la arrogancia de su alcalde y el delegado del Gobierno socialista.

Las movilizaciones de los melillenses musulmanes contra la ley de extranjería -independientemente de quienes quieran utilizarlas o aprovecharlas- obedecen a motivaciones profundas, basadas en la conciencia y en el sentimiento de ser víctimas de agravios y de injusticias, a los que no son ajenos los prejuicios racistas y las emociones patrioteras. En Melilla, cuya población asciende a unos 72.000 habitantes, residen aproximadamente 27.000 musulmanes, de los cuales sólo 7.000 -entre ellos, el intoxicador Mohamedi Dudu- poseen la nacionalidad española. De los restantes 20.000 melillenses musulmanes, la mayoría de los cuales han nacido en la ciudad o residen en ella desde hace años, tan sólo unos 6.500 poseían -hasta la promulgación de la ley de extranjería- una simple tarjeta estadística, documento que no les da derecho a la compra de viviendas ni a viajar a la Península. Los demás residentes ni siquiera disponían de esa cartulina y podían ser expulsados de la ciudad sin mayores trámites. Esa situación de inseguridad jurídica marcha en paralelo con condiciones de vida -educativas, de vivienda, sociales y económicas- igualmente discriminatorias.

La ley de extranjería se propone obligar a los melillenses musulmanes, bajo la amenza de expulsión a corto o medio plazo, a regularizar su situación legal como extranjeros, lo que implicaría reconocer -ante las autoridades y ante sí mismos- su condición de invitados provisionales en la plaza de soberanía. Pero estos melillenses de religión musulmana y de ascendencia marroquí, en su inmensa mayoría nacidos o formados en la ciudad, reclaman su derecho a la ciudadanía española. Según el Código Civil, el nacimiento en territorio español no concede automáticamente la nacionalidad a los hijos de extranjeros, salvo si al menos uno de los padres hubiese nacido también en España. Nuestro ordenamiento jurídico también establece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española tras una residencia continuada de 10 años, período que se reduce a dos años para los nacionales de origen "de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes". Los melillenses nacidos en la ciudad de padres extranjeros o procedentes de Marruecos quedan sometidos, así, a los trámites de adquisición de la nacionalidad, petición que siempre puede ser denegada. Su inscripción en los registros de extranjería, tal y como la nueva ley ordena, significaría renunciar a cualquier esperanza de que una reforma de nuestro ordenamiento -al alcance de las Cortes y de la mayoría socialista que ahora las domina- permitiera conceder un tratamiento especial a su situación, también especial.

Desde un punto de vista político, resulta inconcebible que el Gobierno, no sólo no acepte como una fortuna la voluntad de los melillenses musulmanes de considerarse españoles, sino que rechacen, además, ese deseo y lancen a las fuerzas de la policía a reprimir a quienes expresen esa reivindicación en las calles. Desde el punto de vista de los valores democráticos, no puede sino producir alarma la ya nada soterrada vena de racismo que emerge tras esa negativa a facilitar a los melillenses de origen marroquí una vía adecuada para adquirir rápidamente la nacionalidad española de pleno derecho. Desde el punto de vista constitucional, contradice abiertamente el mandato de nuestra norma fundamental en pro de la igualdad y en contra de la discriminación "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social". Desde el punto de vista moral, produce vergüenza que no exista en la sociedad española la sensibilidad necesaria para protestar contra unas bochornosas actitudes de intolerancia religiosa y de discriminación étnica, que recuerdan algunas tristes estampas de nuestro propio pasado (persecución y expulsión de las minorías judías y moriscas) y enlazan directamente con los estragos del racismo y de los conflictos religiosos en otros lugares del planeta. Y desde cualquier punto de vista, es más que alarmante la torpeza con que un tema tan difícil y sensible de nuestra política es tratado por el Gobierno de la nación.