El congreso de Jueces para la Democracia pide la derogación de la ley antiterrorista

BONIFACIO DE LA CUADRA, El congreso de la asociación Jueces para la Democracia, que se clausurará hoy en Madrid y en el que participan más de un centenar de jueces y magistrados, acordó ayer manifestar su repulsa a las disposiciones que permiten restricciones a los derechos fundamentales y las libertades públicas y pidió, en concreto, la derogación de la ley antiterrorista. Aprobó también que los ciudadanos juzguen los delitos de terrorismo a través del jurado puro.

Gran parte de la sesión plenaria del congreso se dedicó ayer al programa de actuación de Jueces para la Democracia en los dos próximos años. La asociación aprobó el rechazo de disposiciones legales restrictivas de los derechos constitucionales, tales como la ley antiterrorista, la de extranjería y la normativa sobre internamiento psiquiátrico.Jueces para la Democracia expresó su comprensión por la preocupación del Estado ante el terrorismo, pero aprobó que sólo desde el respeto a los derechos humanos que la ley antiterrorista permite violar está legitimada la lucha contra el terrorismo. Añadió que debe derogarse esta ley, que, según la asociación judicial progresista, abre espacios a la impunidad policial, así como que la obsesión gubernamental por la seguridad ha dañado leyes como la de asistencia letrada al detenido y de hábeas corpus, cuyo objetivo era garantizar derechos fundamentales del ciudadano.

Para la mejora del servicio público de la justicia; el congreso se pronunció en favor de la inmediación judicial, "que no puede ser sacrificada en nombre de la eficacia", según se aprobó.

Javier Martínez Lázaro y Rafael Salazar propusieron que se dejara constancia de la escasez de medios de la administración de justicia, pero el pleno del congreso rechazó introducir esta materia en relación con la mejora del servicio judicial.

En materia de política criminal, Jueces para la Democracia considera prioritaria la protección penal de intereses colectivos y de la clase trabajadora, así como la reforma de la legislación de menores, e insiste en la necesidad de despenalizar el aborto "más allá de los límites que lo ha permitido una insuficiente respuesta a angustiosas demandas sociales y a la necesidad de una adecuada legislación complementaria".

En torno al jurado se produjo una división de opiniones en el seno del colectivo judicial progresista. Algunos magistrados, entre ellos Joaquín Jiménez, recientemente nombrado presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, estimaban que no es elegible a los ciudadanos no profesionales de la justicia que asuman el riesgo de enjuiciar a los terroristas en lugares como, por ejemplo, el País Vasco. Manuela Carmena y Luciano Varela, entre otros, apoyaron que se confíe en la madurez de los ciudadanos y que a través del jurado se restablezca el principio ahora violado del entendimiento de los delitos por parte del juez del lugar en que se producen.

Jueces para la Democracia se pronunció mayoritariamente en favor del jurado puro, tras el enfrentamiento entre los representantes de Andalucía, partidarios del mismo, y los de Valencia, defensores del escabinado (o jurado mixto de ciudadanos legos en Derecho y magistrados). Estos últimos afirmaron que la necesidad de que el veredicto del jurado sea motivado avala la opción en favor del escabinado, dadas las dificultades de los legos en Derecho para razonar una resolución y teniendo en cuenta también que un magistrado que no hubiera intervenido en las deliberaciones del jurado difícilmente podría establecer un nexo lógico entre el veredicto y su fundamentación jurídica.