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La comisión liquidadora de entidades de seguros pagará en las próximas semanas las deudas de las compañías

El Ministerio de Economía y Hacienda prepara un decreto que permitirá cobrar a los damnificados por compañías de seguros en liquidación, según fuentes que han participado en su elaboración. En el año y medio que tiene de vida, la comisión liquidadora de compañías aseguradoras (CLEA) se ha hecho cargo de 27 empresas. Sin embargo, no ha pagado una peseta a los acreedores. En el futuro, para adelantar y mejorar las indemnizaciones, podrá actuar como el Fondo de Garantía de Depósitos de la banca.

El decreto en proyecto desarrolla una disposición introducida a finales de diciembre por el Grupo Socialista del Senado en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986. Esta ley autoriza al Gobierno para que, con cargo a los recursos de la comisión, adopte las medidas necesarias para mejorar el importe de las liquidaciones a favor de los asegurados, perjudicados o beneficiarios.La comisión liquidadora, que tiene a su disposición más de 2.000 millones de pesetas procedentes del recargo del 5 por 1.000 pagado desde hace año y medio en casi todas las operaciones de seguro, podrá postergar el cobro de los gastos de liquidación.

No obstante, la medida con mayor trascendencia, según fuentes del sector asegurador, consistirá en que la comisión podrá comprar toda clase de bienes o créditos contra las entidades en liquidación. De esta forma, actuará como el Fondo de Garantía de Depósitos de la banca privada, que adquirió hace varios años bienes o créditos de las entidades en actual proceso de saneamiento. El no haber actuado así hasta ahora ha impedido pagar a los acreedores de las compañías, que en algunos casos son otras empresas del sector.

Para cumplir con los damnificados por la crisis de las aseguradoras, la comisión debía calcular el patrimonio neto de la empresa en liquidación como paso previo para saber lo que correspondía a cada acreedor en proporción a sus derechos. Pero los procesos judiciales de reclamación de los créditos demoran las operaciones.

Beneficios a trabajadores

Mediante esta y otras medidas se estima que, además de anticipar los pagos, la comisión liquidadora podrá mejorar sustancialmente su importe. En una de las primeras compañías que recibió, la Mutua Dos Castillas, ha calculado que por el antiguo procedimiento, previsto en el decreto ley creador de la comisión, debía atender sólo un 25% de los derechos de los acreedores. Con el nuevo sistema, los acreedores de otra compañía que esté en igual situación, y parece que las hay peores, podrán llegar a recibir hasta el 75%, según medios allegados a los liquidadores.Otra de las mejoras beneficiará a los trabajadores de las compañías que sean confiadas a la comisión liquidadora. Cuando una empresa de cualquier sector quiebra, sus trabajadores reciben las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. Sin embargo, como el paso de una aseguradora a la comisión liquidadora interrumpe jurídicamente el proceso de quiebra, obstaculizaba los derechos del personal. Pero a partir de este año la intervención de los liquidadores provocará que los trabajadores puedan cobrar inmediatamente del Fondo de Garantía Salarial.

Igualmente, para facilitar el trabajo de la comisión, las juntas de acreedores de sus compañías de seguros quedarán válidamente constituidas cualquiera que sea el número de asistentes y el importe de los créditos representados. A este respecto también la junta podrá adoptar acuerdos por mayoría simple.

Las últimas compañías que han entrado en la comisión, tras ser sancionadas a finales del pasado año por el Ministerio de Economía y Hacienda, son Eurofensa, Grupo de Seguros Principado, Las Quince Regiones, La Providence y Esmerre. Entre las 22 anteriores figuran Neptuno, Centro Europeo de Seguros, Alianza Médica Gaditana, La Esfera Aseguradora, La Esfera Capitalizadora, Cía. Española de Seguros, Hesperia, Ártica, Agropalentina, Continental, Fénix Sanitario, Al Andalus, Aseguradora Mundial, Orleans, Unión Médico Cordobesa, Reaseguradora Colón, Magerit, Ibérica de Seguros-La Providence, Mutua Las Dos Castillas, Seguros Especiales Reunidos y Valenciana de Seguros Mutuos.

Medidas cautelares

La Administración tiene bajo medidas cautelares otras 165 aseguradoras de los seis centenares de empresas que integran el sector. Los expedientes deben desembocar en el cumplimiento de los planes que proponga la Dirección General de Seguros, tales como ampliar capital, reponer pérdidas o vender la empresa. De otra forma, habrán de disolverse voluntariamente o serán sancionadas con la liquidación.Por otra parte, La Cruz Blanca, mutua patronal de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de Valencia, ha sido disuelta por insolvencia financiera.

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